Un juez federal determinó que la UIF actuó fuera de lineamientos internacionales al bloquear las cuentas del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, por lo que ordenó su desbloqueo.
El exgobernador priista de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, obtuvo un amparo de la justicia federal que ordena a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desbloquear sus cuentas bancarias, al considerar que la medida no se apegó a los lineamientos internacionales establecidos.
La resolución fue emitida por un juzgado en materia administrativa, tras analizar la legalidad de su inclusión en la lista de personas bloqueadas desde 2019.
FOTO | Carlos García
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El Juzgado Cuarto de Distrito en materia Administrativa, a cargo de Ulises Oswaldo Rivera González, determinó que el bloqueo de cuentas realizado por la UIF fue contrario al principio de seguridad jurídica.
El juzgador concluyó que dicha medida solo puede aplicarse como una acción cautelar vinculada al cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por México, y no por causas de carácter estrictamente nacional.
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En la sentencia emitida en marzo pasado, el juez recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la UIF únicamente puede ordenar el bloqueo de cuentas cuando exista relación con procedimientos internacionales.
De lo contrario, la medida carece de sustento legal si no está vinculada a un proceso administrativo o jurisdiccional específico.
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El fallo ordena el desbloqueo de las cuentas bancarias de Yarrington Ruvalcaba, aunque no modifica su situación jurídica en otros procesos. Además, el juez aclaró que la UIF puede emitir nuevas resoluciones o medidas, siempre que estén debidamente fundamentadas conforme a la ley.
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El juzgador precisó que la sentencia no tiene efectos generales, por lo que no impacta la situación de otras personas incluidas en la lista de bloqueados del sistema financiero. Cada caso deberá analizarse de manera individual conforme a sus propios elementos jurídicos.
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LaUnidad de Inteligencia Financiera aún tiene la posibilidad de impugnar la resolución ante un Tribunal Colegiado, lo que abriría la puerta a una revisión del fallo emitido por el juez federal.
