Caso Carlos Gorham: Familiares y amigos exigen justicia al Gobierno de Tamaulipas
Entre pruebas de video que contradicen la descripción del sospechoso y reclamos ante el Fiscal General, la comunidad de Ciudad Victoria se moviliza para exigir que Carlos Gorham no sea utilizado como "chivo expiatorio"

La detención de Carlos Gorham, trabajador del Hospital Infantil de Ciudad Victoria y figura conocida en el ámbito del boxeo como "La Ranita", ha desatado una ola de protestas y controversia en la capital de Tamaulipas.
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El caso, que involucra la presunta violación de dos doctoras pasantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), ha tomado un giro inesperado debido a la activa defensa de sus allegados, quienes aseguran que las autoridades han incurrido en una detención injusta basada en pruebas insuficientes o erróneas.
¿Qué exigen y expresan los manifestantes?
Familiares, amigos y compañeros de trabajo han presentado argumentos que cuestionan la responsabilidad de Gorham, incluyendo testimonios que lo ubican en su domicilio al momento de los hechos y evidencia visual obtenida de cámaras de seguridad.
Según los manifestantes, los videos muestran a un presunto responsable cuyas características físicas no coinciden con las del detenido, lo que ha alimentado la exigencia social de que se busque al verdadero culpable y se evite una injusticia procesal.
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En un intento por ser escuchados, el nutrido grupo de manifestantes se concentró en la Benemérita Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas (BENFT) durante la ceremonia de honores a la bandera encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya.
Con pancartas y consignas, los ciudadanos exigieron justicia y pidieron que Carlos Gorham sea trasladado desde el penal de Altamira hacia Ciudad Victoria para que pueda continuar su proceso legal en libertad, argumentando que su detención actual es desproporcionada.
Tras el retiro del mandatario estatal sin que se concretara un diálogo directo con los familiares, el contingente decidió marchar hacia las instalaciones del Poder Judicial de Tamaulipas.
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En este punto, la exigencia se centró en solicitar una audiencia con la titular de la dependencia, Tania Contreras López, bajo la premisa de que el sistema judicial debe valorar con rigor las pruebas de descargo que la defensa ha comenzado a integrar al expediente.
¿Cuál es la postura de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas?
Ante la presión social, el Fiscal General de Justicia del Estado, Jesús Eduardo Govea Orozco, ofreció detalles sobre el estatus jurídico del caso. El funcionario explicó que el proceso se encuentra actualmente en una etapa preliminar y dentro del plazo constitucional, periodo en el cual la defensa tiene la garantía plena de aportar los datos de prueba necesarios para acreditar la no responsabilidad del imputado.
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Govea Orozco enfatizó que, por parte de la institución, no existe una sentencia de culpabilidad ni una "línea de carga" predeterminada contra Gorham. Según el Fiscal, la detención se basó en una conjunción de datos que hacían probable su participación en el hecho investigado, pero instó a los familiares a confiar en el trabajo de su defensor y en la objetividad de las instituciones durante esta fase de desahogo de pruebas.
¿Cómo ha sido la solidaridad comunitaria en el proceso de Carlos Gorham?
Más allá del ámbito legal, el caso ha destacado por el profundo respaldo social que ha recibido el trabajador del Hospital Infantil. Para sus allegados, Carlos Gorham es una persona respetada cuya trayectoria en el deporte y el servicio público no coincide con el perfil de los delitos imputados.
Estos "actos de fe" y lealtad por parte de la comunidad no solo buscan visibilizar el caso, sino también presionar para que la investigación sea exhaustiva y no se cierre de forma apresurada para satisfacer la demanda de resultados.
La importancia de estas movilizaciones radica en la vigilancia ciudadana sobre el actuar de las autoridades. Mientras el proceso avanza, los manifestantes aseguran que no descansarán hasta que se analicen minuciosamente las discrepancias entre las descripciones físicas y las pruebas de ubicación (geolocalización y videos) que, aseguran, exoneran a "La Ranita" de los cargos que hoy lo mantienen privado de su libertad.














