Un capitán de navío de la Marina obtuvo suspensión provisional en el caso del tráfico ilegal de combustibles, vinculado a una red de altos mandos navales.
Un juez federal decidió frenar temporalmente el proceso penal en contra de Clímaco Aldape Utrera, capitán de navío acusado de delincuencia organizada con fines de tráfico de hidrocarburos en la zona de Tampico y Altamira.
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Aldape Utrera, actualmente recluido en el penal federal de Almoloya, había sido vinculado a proceso en septiembre dentro de la causa penal 325/2025, pero ahora se detuvo la posibilidad de que avance a juicio hasta que se resuelva el recurso.
El juez de Toluca ordenó al juzgador de control en Almoloya que, en caso de llegar a la etapa intermedia, se abstenga de dictar la apertura a juicio mientras no se resuelva el juicio de amparo.
En otras palabras, la suspensión protege únicamente a Clímaco Aldape, aunque eventualmente podría extenderse de forma indirecta al resto de los 14 marinos implicados si la resolución de amparo cuestiona la validez de la vinculación.
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La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Aldape Utrera de haber creado la empresa Grupo ALD-CAM Agroindustria para hacer negocios con la Marina y manipular personal en aduanas, lo que permitió el ingreso de millones de litros de combustible sin pagar impuestos, disfrazándolo como aditivo.
El expediente también señala a Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante y sobrino político del actual secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, como supuesto cabecilla de la red. Además, menciona a otros mandos, entre ellos el almirante retirado Luis Jorge Goicoechea Sotomayor, quien ya tramitó un amparo para evitar cualquier orden de captura en su contra.
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Goicoechea obtuvo la suspensión provisional de un juez de la Ciudad de México para no ser detenido. Para mantenerla, debió entregar una garantía de 10 mil pesos y comprometerse a comparecer si existe una orden vigente. Aunque su nombre aparece en la investigación, hasta el momento no hay registros de que la FGR haya solicitado su captura.
El freno al proceso genera inquietud en la opinión pública, pues se trata de un caso que exhibe presunta corrupción en altos mandos navales. Para las comunidades de Tampico y Altamira, donde el tráfico de hidrocarburos ha tenido un fuerte impacto económico y social, el temor es que el proceso se diluya en tecnicismos legales.
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Por ahora, el expediente 916/2025 mantiene en pausa una de las investigaciones más sensibles que vinculan a militares con actividades ilícitas en Tamaulipas.
