Agentes del Valle de San Fernando suspendieron actividades para denunciar acoso laboral y abuso de autoridad por parte de su delegada regional.
La inconformidad llegó a su límite entre agentes de la Guardia Estatal en el Valle de San Fernando, quienes este fin de semana suspendieron actividades como medida de protesta.
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El paro ocurre en pleno Operativo Paisano, cuando miles de migrantes retornan al país y requieren acompañamiento en carreteras tamaulipecas.
Un grupo de policías estatales adscritos a la región de San Fernando decidió suspender sus actividades para denunciar lo que califican como un clima de abuso y hostigamiento laboral. Según los agentes, la delegada regional de la Guardia Estatal, Irma Martínez Ramírez, ha ejercido prácticas contrarias a los protocolos operativos y ha incurrido en revisiones arbitrarias, acoso psicológico y señalamientos infundados de presuntos vínculos con grupos criminales.
Los policías que patrullan los municipios de Burgos, Cruillas, San Nicolás y Méndez aseguran que estas acusaciones no solo carecen de sustento jurídico, sino que también han generado un ambiente de desconfianza que pone en riesgo su desempeño y su seguridad. “Las acusaciones sin evidencia ya deterioraron la cadena de mando; afectan la seguridad de los oficiales”, relató uno de los elementos, quien pidió anonimato por temor a represalias.
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La protesta estalló ante la insistencia, dicen, de la superiora en revisar sus equipos de comunicación particulares, dispositivos que no forman parte del equipo oficial y cuya revisión consideran una violación a su privacidad.
Además, reclaman un trato injusto y decisiones que “rompen la coordinación operativa”, lo que ha derivado en tensión constante al interior de la corporación.
El paro de labores inició coincidiendo con la puesta en marcha del Operativo Paisano, un dispositivo en el que la Guardia Estatal participa para brindar acompañamiento y seguridad a los mexicanos migrantes que regresan al país por carreteras federales y estatales.
Los agentes en paro forman parte de los equipos asignados a vigilar rutas que conectan las zonas rurales del Valle de San Fernando con los cruces fronterizos, por lo que su ausencia se da en un momento particularmente delicado, cuando el flujo de viajeros aumenta y la vigilancia se vuelve esencial.
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Hasta el momento, ninguna autoridad estatal ha ofrecido una postura oficial sobre la suspensión de actividades, ni ha informado si habrá diálogo, investigación interna o medidas administrativas ante las denuncias.
Los agentes demandan la destitución inmediata de la delegada regional Irma Martínez Ramírez, a quien responsabilizan del ambiente de hostilidad y de “poner en riesgo la integridad física y moral” de quienes conforman la región operativa.
Señalan que la relación con la funcionaria llegó a un punto de quiebre y que las prácticas señaladas impiden el trabajo coordinado y efectivo que requiere la zona.
También piden que se revisen las denuncias internas sobre acoso psicológico, abuso de autoridad y prácticas irregulares, solicitando garantías para que puedan desempeñar su labor sin presiones indebidas.
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La protesta, aunque local, ha encendido alertas sobre el clima laboral dentro de las corporaciones de seguridad y sobre la necesidad de reforzar mecanismos de protección, supervisión y atención a los propios elementos policiales.
Mientras tanto, la ciudadanía espera una respuesta pronta que permita restablecer la operación policial en un momento clave, y los agentes reiteran que su paro no busca afectar a la población, sino hacerse escuchar ante una situación que consideran insostenible.
