Mario “N” fue hallado culpable de desviar más de 8 millones de pesos mediante un convenio irregular con una aseguradora privada.
El caso de Mario “N”, exsecretario de Educación en Tamaulipas durante el gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, llegó a su desenlace judicial con una sentencia ejemplar.
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El exfuncionario fue condenado a 19 años de prisión tras ser encontrado culpable de peculado y ejercicio indebido de funciones, al haber firmado un convenio irregular con la aseguradora Metlife México, S.A., que derivó en un desvío millonario.
El proceso, que estuvo marcado por aplazamientos debido a problemas de salud del acusado, concluyó con una resolución que busca sentar un precedente en materia de rendición de cuentas en el estado.
De acuerdo con el fallo judicial, entre enero de 2018 y septiembre de 2022 la Secretaría de Educación recaudó recursos provenientes de seguros voluntarios de los maestros.
A cada aportación se le retenía una comisión del 1%, que debía transferirse a la Secretaría de Finanzas. Sin embargo, el dinero fue administrado de manera irregular mediante un convenio firmado por Mario “N”, quien carecía de facultades legales para hacerlo.
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La investigación reveló que parte de esos recursos se utilizó de forma indebida, incluso para beneficio personal del exfuncionario. En total, el desvío ascendió a más de 8.2 millones de pesos, generando un daño directo al patrimonio estatal.
La diligencia se llevó a cabo en el Centro Integral de Justicia de Tamaulipas. Inició a las 14:30 horas y contó con la participación de varios testigos, aunque algunos, como la exsecretaria de Educación Lucía Aimé, se desistieron de declarar. A pesar de esas ausencias, la defensa optó por agilizar el proceso para llegar a la resolución final.
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La jueza a cargo del caso también aplicó una multa de 20 UMAs al exfuncionario por su inasistencia previa a la audiencia, cuando se encontraba hospitalizado en Monterrey. Se advirtió que, de repetirse, la sanción se incrementaría.
La sentencia de 19 años contra Mario “N” envía una señal clara: el desvío de recursos públicos tiene consecuencias legales severas. Para las autoridades judiciales, el fallo busca reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública.
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La reparación económica, la multa y la inhabilitación forman parte de las medidas para resarcir el daño y prevenir futuras irregularidades.
