El informe del INEGI revela cómo Tamaulipas pasó de una crisis de mortalidad en 2020 y 2021 a un repunte delictivo en 2023, evidenciando retos en salud, seguridad y justicia.
Tamaulipas enfrenta una radiografía cruda de su realidad tras la publicación del Panorama de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI.
El documento expone más que cifras: muestra el impacto de dos crisis que han marcado al estado en los últimos años, el aumento histórico de muertes durante la pandemia y el repunte de la incidencia delictiva en 2023, que devuelve a la entidad a escenarios de alta preocupación.
El documento muestra el impacto del aumento histórico de muertes durante la pandemia y el repunte de la incidencia delictiva en 2023. FOTO | Gobierno Tamaulipas
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Las estadísticas de mortalidad en Tamaulipas durante 2020 y 2021 reflejan un comportamiento atípico que superó cualquier previsión. El incremento de fallecimientos no solo se relaciona con el COVID-19, sino también con la presión sobre el sistema de salud, que limitó la atención de otras enfermedades.
Estos años marcaron un antes y un después en la esperanza de vida de la población, evidenciando la fragilidad de la infraestructura sanitaria ante emergencias de gran escala.
En paralelo, el INEGI advierte un aumento sostenido en las muertes por suicidio, indicador que refleja el deterioro del tejido social y la falta de redes de apoyo.
Este fenómeno ha dejado de ser aislado y afecta principalmente a jóvenes, lo que subraya la urgencia de aplicar de forma efectiva la Ley de Salud Mental en el estado.
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El informe también analiza la incidencia delictiva en relación con los delitos denunciados. En 2017, Tamaulipas registró uno de sus niveles más altos, seguido de una disminución que generó una percepción de mejora en la seguridad.
Sin embargo, en 2023 la tendencia cambió. Tras varios años a la baja, los delitos repuntaron hasta alcanzar niveles similares a los periodos más críticos de la última década.
Este comportamiento sugiere que la reducción de la violencia fue temporal o que los factores que la provocan han resurgido con fuerza en distintas regiones del estado, desde la frontera hasta la zona sur.
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El panorama también exhibe rezagos en el sistema de justicia. La diferencia entre los delitos cometidos y los que llegan a proceso judicial continúa siendo amplia, lo que alimenta la impunidad.
El repunte delictivo de 2023 obliga a revisar las capacidades operativas de las instituciones de seguridad y procuración de justicia, que enfrentan nuevos desafíos ante el aumento de incidencias.
Más allá de los números, el informe del INEGI funciona como una herramienta clave para el diseño de políticas públicas. Medir con precisión permite entender la magnitud del problema y trazar estrategias efectivas para recuperar la confianza ciudadana.
