Especialistas advierten que el hallazgo refleja una evolución del crimen organizado, al incorporar infraestructura industrial y personal altamente especializado para procesar combustibles robados.
El aseguramiento de una presunta refinería clandestina en Reynosa, Tamaulipas, continúa revelando nuevos elementos sobre la operación del llamado huachicol fiscal en México. De acuerdo con información publicada por diversos medios y fuentes cercanas a la investigación, la instalación habría operado durante aproximadamente cuatro años, procesando petróleo crudo robado para producir gasolina, diésel y turbosina, sin que hasta ahora se reporten personas detenidas.
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El caso, investigado por la Fiscalía General de la República (FGR), ha despertado interrogantes por el tamaño de la infraestructura, su cercanía con instalaciones de seguridad y el nivel de especialización que, según expertos, requiere una operación de este tipo.
Mientras tanto, la FGR continúa con los peritajes para establecer el origen del petróleo procesado. Foto / Redes
De acuerdo con la carpeta de investigación y los aseguramientos realizados por la FGR, el complejo estaba instalado en un predio de más de 41 mil metros cuadrados, ubicado sobre la carretera interestatal El Becerro, en Reynosa.
Durante el cateo fueron asegurados 3 millones 769 mil 500 litros de hidrocarburos, además de una amplia infraestructura integrada por tuberías industriales, siete tanques de almacenamiento, once tanques móviles tipo frac tank, seis tractocamiones, siete pipas, motobombas, generadores eléctricos, equipos de cómputo y un sistema de videovigilancia.
Según versiones citadas por distintos medios, la planta operaba bajo la fachada de una empresa denominada Maytrack, S.A. de C.V., donde presuntamente se procesaban hasta 14 mil barriles diarios de petróleo crudo para obtener combustibles como gasolina, diésel y turbosina.
Hasta el momento, la Fiscalía no ha confirmado oficialmente esos volúmenes de producción ni ha dado a conocer cuánto tiempo llevaba funcionando la instalación.
Mientras tanto, la FGR continúa con los peritajes para establecer el origen del petróleo procesado. Foto / Redes
Para el investigador Víctor Sánchez, especialista en seguridad y crimen organizado de la Universidad Autónoma de Coahuila, el hallazgo demuestra que las organizaciones delictivas han incrementado su capacidad técnica y logística.
El académico considera que una instalación de esta naturaleza difícilmente podría operar sin la participación de personal con conocimientos especializados en ingeniería petroquímica, debido a la complejidad de los procesos necesarios para transformar petróleo crudo en combustibles.
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Sánchez plantea que ese conocimiento podría provenir de profesionales con experiencia en la industria petrolera, aunque aclara que esa es una hipótesis académica y no una conclusión oficial de la investigación.
El especialista también advirtió que este tipo de instalaciones, antes consideradas excepcionales, comienzan a aparecer con mayor frecuencia en México, lo que podría reflejar una evolución en las operaciones del crimen organizado.
Mientras tanto, la FGR continúa con los peritajes para establecer el origen del petróleo procesado. Foto / Redes
A más de una semana del aseguramiento, la Fiscalía General de la República mantiene abierta la carpeta de investigación y no ha informado sobre personas detenidas por este caso.
Diversos medios han mencionado posibles vínculos empresariales entre compañías relacionadas con el transporte de combustibles; sin embargo, las autoridades no han confirmado oficialmente responsabilidades penales contra personas físicas o morales, por lo que cualquier señalamiento deberá ser determinado conforme avancen las investigaciones.
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El hallazgo de la instalación en Reynosa ocurre poco más de un año después del desmantelamiento de otra planta utilizada para el procesamiento ilegal de hidrocarburos en Coatzacoalcos, Veracruz, lo que ha llevado a especialistas a advertir que este tipo de operaciones podrían volverse más frecuentes.
Mientras tanto, la FGR continúa con los peritajes para establecer el origen del petróleo procesado, identificar a los responsables de la operación y determinar si la presunta refinería formaba parte de una red nacional e internacional dedicada al robo, procesamiento y comercialización ilegal de combustibles.
