Autoridades estatales desmantelan casi 500 cámaras instaladas por grupos delictivos y avanzan en una nueva Ley de Vigilancia para blindar la seguridad y la privacidad.
A lo largo de 2025 y en lo que va de 2026, autoridades estatales han retirado 490 cámaras instaladas de manera irregular en la vía pública, presuntamente por grupos delictivos, como parte de operativos coordinados entre corporaciones estatales y fuerzas federales.
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El secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Willy Zúñiga Castillo, informó que estos dispositivos no formaban parte de la red institucional de vigilancia, lo que encendió alertas no solo por su origen, sino por el uso que se daba a la información captada. Las cámaras estaban colocadas en puntos estratégicos: colonias, zonas comerciales y vialidades clave, desde donde se podía monitorear la actividad cotidiana de ciudadanos y movimientos de las propias autoridades.
Cámaras instaladas por el crimen organizado. Foto / FGJ
La localización de estos equipos no fue casual. De acuerdo con la autoridad, una parte fundamental del trabajo se logró gracias a denuncias ciudadanas realizadas a través de los números de emergencia 911 y 089. Vecinos que notaron dispositivos sospechosos —en postes, fachadas o estructuras improvisadas— alertaron a las corporaciones, permitiendo recorridos focalizados y una respuesta más rápida.
Además de las denuncias, los operativos incluyeron patrullajes preventivos y acciones de supervisión en zonas consideradas de riesgo. El retiro de cada cámara implicó revisar su instalación, verificar que no perteneciera a sistemas oficiales y proceder a su desmantelamiento bajo protocolos de seguridad.
Cámaras instaladas por el crimen organizado. Foto / FGJ
Aunque a simple vista una cámara puede parecer inofensiva, las autoridades advirtieron que estos dispositivos eran una amenaza directa a la seguridad pública y a la privacidad. Al no existir control institucional, se desconoce quién operaba las cámaras, dónde se almacenaban las imágenes y con qué fines se utilizaba la información.
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En manos del crimen organizado, esta tecnología puede servir para vigilar a rivales, anticipar operativos policiacos o intimidar a la población. Para muchas familias, descubrir que eran observadas sin saberlo generó una sensación de vulnerabilidad difícil de borrar.
Cámaras instaladas por el crimen organizado. Foto / FGJ
Las autoridades dejaron claro que los operativos continuarán. El objetivo es impedir que estos sistemas vuelvan a instalarse y recuperar por completo el control del espacio público. Pero el trabajo no se limita al retiro físico de equipos.
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En paralelo, el gobierno estatal avanza en la construcción de una Ley de Vigilancia, que busca establecer reglas claras para la instalación, operación y supervisión de sistemas de videovigilancia en Tamaulipas. Esta iniciativa pretende ordenar un uso de la tecnología que hoy está ampliamente extendido, pero con vacíos legales que permiten abusos.
La futura ley definirá responsabilidades, delimitará qué se puede y qué no se puede hacer con cámaras en espacios públicos y privados, y reforzará la protección de los derechos de la ciudadanía, sin debilitar las tareas de seguridad.
Desde la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas se subraya que la participación ciudadana seguirá siendo clave. Cada reporte cuenta, cada señal de alerta puede evitar que el crimen vuelva a apropiarse de herramientas que no le corresponden.
Cámaras instaladas por el crimen organizado. Foto / FGJ
