Auditorías a la Cuenta Pública 2022 revelan pagos indebidos, aumentos sin autorización y desorden financiero en entes estatales
La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó irregularidades por más de 115 millones de pesos en sueldos, salarios y honorarios dentro de al menos nueve organismos descentralizados de Tamaulipas, como parte de auditorías especiales realizadas a la Cuenta Pública 2022.
La ASE detectó irregularidades por más de 115 millones de pesos. Foto / Gobierno del Estado
La pregunta no es menor. De acuerdo con el auditor superior, Francisco Noriega Orozco, las revisiones evidenciaron incrementos sin sustento legal, pagos por encima del presupuesto aprobado y un manejo financiero que, en algunos casos, ya venía arrastrando problemas desde antes.
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Entre los organismos señalados se encuentran la Comapa Zona Sur, el Colegio de Bachilleres de Tamaulipas (COBAT), el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE), así como la desaparecida Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas (CEAT), ahora integrada a la Secretaría de Recursos Hidráulicos.
La ASE detectó irregularidades por más de 115 millones de pesos. Foto / Gobierno del Estado
Aunque ya hay nombres sobre la mesa, la ASE advirtió que el proceso de fiscalización continúa abierto, por lo que podrían surgir más observaciones conforme avancen las investigaciones en otros entes estatales.
Las auditorías no solo se limitaron a detectar cifras, sino que pusieron en evidencia un patrón: recursos públicos utilizados por encima de lo autorizado, en un contexto donde muchas instituciones enfrentan limitaciones operativas. Esto ha generado inquietud, pues para la ciudadanía esos 115 millones de pesos representan oportunidades perdidas en áreas clave como salud, educación o infraestructura.
La ASE detectó irregularidades por más de 115 millones de pesos. Foto / Gobierno del Estado
La ASE informó que ya se emitieron promociones de responsabilidad administrativa, las cuales fueron turnadas a los órganos internos de control de cada institución. Serán estas instancias las encargadas de determinar si hubo faltas y aplicar, en su caso, sanciones.
Sin embargo, el camino no ha sido sencillo. Noriega Orozco reconoció que uno de los principales obstáculos ha sido la evasión de notificaciones por parte de exfuncionarios, lo que complica el seguimiento de los casos y retrasa el proceso de rendición de cuentas.
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A pesar de ello, el auditor dejó claro que la revisión no se detiene. La ASE mantiene una ruta de fiscalización activa sobre cuentas públicas con observaciones relevantes, enfocándose en verificar que exista congruencia entre el presupuesto aprobado, las modificaciones realizadas y los pagos efectuados.
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Este caso vuelve a colocar en el centro del debate el uso del dinero público. Más allá de los números, lo que está en juego es la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Y hoy, esa confianza exige respuestas claras, sanciones firmes y, sobre todo, que estos excesos no vuelvan a repetirse.
