Tamaulipas acumuló 34 carpetas de investigación por aborto entre enero y agosto de 2026, mientras sigue pendiente la adecuación de la legislación estatal tras el criterio de la Suprema Corte.
Tamaulipas acumuló 34 carpetas de investigación por aborto entre enero y agosto de 2026, cifra que colocó al estado en el quinto lugar nacional, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El registro ocurre después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales diversas disposiciones de la Constitución y del Código Penal de Tamaulipas que criminalizaban el aborto voluntario.
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Con 34 investigaciones acumuladas en los primeros ocho meses de 2026, Tamaulipas se ubicó en el quinto sitio nacional.
El listado fue encabezado por Ciudad de México, con 156 carpetas; Estado de México, con 153; Nuevo León, con 113, y Baja California, con 43. En todo el país se contabilizaron 636 investigaciones durante el mismo periodo.
En agosto, Tamaulipas registró siete nuevas carpetas, frente a las cuatro de julio, lo que representa un incremento mensual de 75 por ciento.
Esta variación corresponde exclusivamente a la comparación entre julio y agosto y no representa un aumento anual.
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Las cifras del SESNSP corresponden a carpetas de investigación iniciadas por las autoridades ministeriales, por lo que no equivalen automáticamente al número de mujeres detenidas, imputadas o sentenciadas.
Además, el registro estadístico por sí solo no permite determinar que todos los expedientes correspondan a interrupciones voluntarias del embarazo.
Por ello, la cifra debe entenderse como un indicador de investigaciones iniciadas bajo la clasificación del delito de aborto, no como un conteo de mujeres criminalizadas por decidir interrumpir un embarazo.
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El 20 de abril de 2026, la SCJN resolvió el amparo en revisión 426/2025 y declaró inconstitucionales diversas disposiciones de la Constitución estatal y del Código Penal de Tamaulipas que criminalizaban el aborto voluntario.
El máximo tribunal consideró que esas normas afectaban derechos como la autonomía reproductiva, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad y no discriminación, así como el derecho a la salud.
La Corte también determinó que las autoridades estatales habían incurrido en una omisión al no garantizar servicios de interrupción voluntaria del embarazo.
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La resolución ordenó que las disposiciones declaradas inconstitucionales no fueran aplicadas a las personas que promovieron el juicio y estableció obligaciones para garantizarles el acceso al servicio de interrupción voluntaria del embarazo.
También protegió al personal de salud que las atienda frente a sanciones derivadas de esos procedimientos.
La SCJN señaló que el aborto constituye un servicio de salud y que debe proporcionarse bajo condiciones de accesibilidad, gratuidad, confidencialidad, seguridad, oportunidad y sin discriminación.
Sin embargo, los alcances de esta sentencia deben distinguirse de una reforma general al Código Penal de Tamaulipas: el fallo de amparo tiene efectos específicos para las personas promoventes, aunque la Corte también fijó criterios sobre las obligaciones de las autoridades de salud.
Por ello, la existencia de 34 carpetas registradas entre enero y agosto y la resolución de la Suprema Corte corresponden a dos planos distintos: uno es el estadístico, sobre investigaciones iniciadas, y otro el constitucional, relacionado con la validez de las normas que criminalizaban el aborto voluntario.
