La Consejería Jurídica aclaró que los dichos del contratista no forman parte de los expedientes oficiales y niegan extorsión por parte de Américo Villarreal Santiago .
El litigio entre el Gobierno de Tamaulipas y el empresario Israel Alejandro Valdez Sánchez escaló a la escena pública nacional, la administración estatal desmintió de manera categórica las acusaciones que involucran a Américo Villarreal Santiago.
El señalado es el actual delegado de Bienestar en el estado de Coahuila, además, es hijo del gobernador tamaulipeco, Américo Villarreal Anaya, lo que detonó un fuerte impacto en el escenario político.
La Consejería Jurídica del Estado afirmó que los señalamientos mediáticos carecen de sustento legal, el titular del área, Marco Antonio García Barrientos, aseguró que no existen registros de estas denuncias en los expedientes.
El caso tomó relevancia luego de que el contratista denunciara públicamente una supuesta extorsión. Valdez Sánchez acusó el cobro de 110 millones de pesos y un presunto tráfico de influencias.
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La Consejería Jurídica aclaró que los dichos del contratista no forman parte de los expedientes oficiales y niegan extorsión por parte de Américo Villarreal Santiago| FOTO: Gobierno de Tamaulipas
El desencuentro jurídico no es un tema nuevo ni una disputa que haya nacido de manera reciente, de acuerdo con las autoridades, el problema tiene un trasfondo netamente comercial con más de tres años de antigüedad.
El origen radica en la rescisión de un contrato gubernamental para el suministro de despensas, la cancelación de dicha relación laboral dio pie a una serie de recursos presentados ante tribunales federales y estatales.
García Barrientos explicó que este proceso civil y administrativo se transformó al terreno penal, ello ocurrió debido a las acciones que el mismo contratista implementó durante el desarrollo del litigio general.
La Consejería Jurídica enfatizó que las narrativas difundidas en medios no coinciden con la realidad del juicio, dentro de los tomos oficiales no aparece el nombre del funcionario de Bienestar ni del gobernador.
La Consejería Jurídica aclaró que los dichos del contratista no forman parte de los expedientes oficiales y niegan extorsión por parte de Américo Villarreal Santiago| FOTO: Gobierno de Tamaulipas
La administración de Tamaulipas negó de forma contundente que se trate de una venganza política o institucional, explicaron que las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción corresponden a conductas cometidas por el propio particular.
Según los informes oficiales, el empresario cometió presuntas irregularidades dentro del juicio contra el Estado, específicamente, se le investiga por la probable incorporación de elementos y declaraciones falsas ante la autoridad.
Por esta razón, el Gobierno estatal sostiene que el caso no tiene motivaciones electorales ni de poder, afirman que los juzgadores han revisado de manera minuciosa cada etapa del pleito legal por años.
La defensa del Estado insiste en que las leyes locales operan de forma autónoma en este asunto, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción mantiene el expediente abierto bajo criterios estrictamente normativos.
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A pesar de los reclamos del afectado, la Consejería descartó que el ciudadano sufra de un arraigo ilegal, el implicado goza de plena libertad de tránsito dentro de la geografía del territorio nacional.
Sin embargo, el imputado sí enfrenta limitantes legales de carácter ordinario dictadas por un juez de control, estas medidas buscan evitar que la persona evada los requerimientos de la justicia mexicana.
El contratista tuvo que entregar de manera formal sus documentos oficiales de viaje ante el juzgado, tanto su visa como su pasaporte permanecen bajo el resguardo de la autoridad jurisdiccional correspondiente.
El Gobierno puntualizó que esta restricción es un procedimiento normal en el sistema penal acusatorio, no representa una violación a sus derechos humanos, sino una garantía para el correcto desahogo del juicio.
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La Consejería Jurídica aclaró que los dichos del contratista no forman parte de los expedientes oficiales y niegan extorsión por parte de Américo Villarreal Santiago| FOTO: Américo Vilarreal Santiago
El Gobierno de Tamaulipas reiteró que el asunto no se resolverá a través de debates en medios informativos, la postura oficial es mantener el conflicto dentro de las vías de las instituciones correspondientes.
Los tribunales y los jueces competentes serán los encargados de emitir un fallo definitivo sobre las conductas, para ello, se tomarán en cuenta únicamente los datos duros que integran las carpetas de investigación.
La administración pública estatal se comprometió a respetar el principio de presunción de inocencia del empresario, al mismo tiempo, exigieron que no se use el caso para desgastar la imagen de los funcionarios.
El desenlace de esta controversia marcará un precedente importante sobre los contratos de proveedores en el estado, por ahora, los juzgados continúan con la recepción de pruebas de ambas partes involucradas.
