Irregularidades en declaraciones patrimoniales, contrataciones y manejo de recursos derivaron en 147 sanciones a funcionarios; más de 90 fueron inhabilitados.
Durante el actual gobierno estatal, 147 servidores públicos han sido sancionados por faltas administrativas no graves, de los cuales más de 90 fueron inhabilitados, informó la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno de Tamaulipas. Las cifras exhiben un patrón de irregularidades que va desde omisiones básicas hasta errores en el manejo de recursos públicos.
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La titular de la dependencia, Norma Angélica Pedraza Melo, detalló que las sanciones impuestas se distribuyen en 29 amonestaciones, 19 suspensiones y más de 90 inhabilitaciones, todas resueltas por la propia secretaría tras los procedimientos administrativos correspondientes.
147 servidores públicos han sido sancionados por faltas administrativas. Foto / Freepik
De acuerdo con la funcionaria, uno de los principales motivos de sanción fue el incumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial, una obligación legal básica para cualquier servidor público. Cerca de 60 inhabilitaciones están directamente relacionadas con la omisión o el retraso en este trámite.
“Es un foco rojo importante. La declaración patrimonial no es opcional y su incumplimiento debe investigarse, sustanciarse y sancionarse”, señaló Pedraza Melo.
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A estas faltas se suman irregularidades en adquisiciones, contrataciones públicas, reintegros tardíos a la Tesorería de la Federación y transferencias extemporáneas de recursos federales, prácticas que, aunque clasificadas como no graves, afectan la transparencia y la eficiencia del gobierno.
147 servidores públicos han sido sancionados por faltas administrativas. Foto / Freepik
Las investigaciones internas revelaron patrones recurrentes: errores en procesos de contratación, fallas en la comprobación del gasto y descuidos en el manejo de recursos públicos. En varios casos, se trató de incumplimientos normativos que, aunque no constituyen delitos penales, sí vulneran la confianza ciudadana.
La secretaria subrayó que todas las sanciones se emitieron tras procedimientos formales, con sustento jurídico y respeto al debido proceso. “No se trata de castigos arbitrarios, sino de hacer cumplir la ley”, afirmó.
147 servidores públicos han sido sancionados por faltas administrativas. Foto / Freepik
Como parte de una estrategia para fortalecer el marco legal, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno envió al Congreso del Estado una propuesta para armonizar la Ley de Responsabilidades Administrativas local con la Ley General, con el fin de actualizarla e incorporar nuevas figuras.
Entre los temas que se busca integrar destacan nepotismo, conflicto de interés y acoso, conductas que actualmente no están plenamente tipificadas en la legislación estatal. “Estamos sugiriendo que se revise y se alinee nuestra ley para cerrar vacíos legales”, explicó la funcionaria.
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En paralelo, el Congreso de Tamaulipas avanza en la designación del nuevo Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, un cargo clave para fortalecer el sistema de responsabilidades. El presidente de la Junta de Gobierno, Humberto Prieto Herrera, confirmó que el proceso cerró con 20 aspirantes, de los cuales uno fue descartado.
El nombramiento se definirá el 26 de enero de 2026, y quien resulte electo ocupará el cargo por ocho años. El Congreso ha señalado que se priorizarán perfiles con trayectoria judicial y conocimiento sólido del marco legal.
