El Congreso de Tamaulipas aprobó una reforma constitucional que limita los salarios y pensiones de servidores públicos para fortalecer la austeridad y el uso responsable de recursos públicos.
El Congreso de Tamaulipas aprobó una reforma que busca poner límites claros a los salarios y pensiones de quienes trabajan en el servicio público. La medida forma parte de un cambio constitucional impulsado a nivel nacional.
Con esta decisión, el estado se suma a la reforma que establece que ningún servidor público podrá ganar más que la persona titular del Poder Ejecutivo Federal.
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La propuesta también incluye nuevos límites a las jubilaciones y pensiones dentro del sector público, con el objetivo de fortalecer los principios de austeridad y responsabilidad en el manejo de los recursos.
Sueldos de los servidores públicos. Foto / Freepik
Durante la sesión en el Congreso local, las y los diputados analizaron la Minuta con Proyecto de Decreto enviada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante la cual se reforman y adicionan disposiciones del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Cynthia Lizabeth Jaime Castillo explicó que la reforma busca establecer parámetros claros en el pago de salarios dentro del sector público.
Uno de los puntos centrales es que ninguna persona servidora pública podrá recibir una remuneración mayor a la asignada a la persona titular del Ejecutivo Federal, tal como se establezca en el presupuesto correspondiente.
Además, se establece que ningún funcionario podrá percibir un salario igual o superior al de su superior jerárquico, salvo en casos específicos previstos por la Constitución.
Según explicó la legisladora, la reforma responde a los principios de austeridad, racionalidad y responsabilidad hacendaria, que buscan garantizar un manejo más equilibrado de los recursos públicos.
Para muchos legisladores, este cambio busca evitar desigualdades salariales dentro de las instituciones gubernamentales y asegurar que los ingresos del servicio público se mantengan dentro de parámetros razonables.
Diputada Cynthia Lizabeth Jaime Castillo. Foto / Gobierno de Tamaulipas
Uno de los aspectos más relevantes de la reforma tiene que ver con las jubilaciones y pensiones dentro de organismos públicos.
El nuevo marco constitucional establece que las pensiones y jubilaciones del personal de confianza en organismos descentralizados, empresas públicas, fideicomisos y demás entidades paraestatales no deberán exceder la mitad de la remuneración asignada a la persona titular del Ejecutivo Federal.
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Esto significa que las pensiones consideradas excesivas o fuera de los parámetros establecidos deberán ajustarse a los nuevos límites.
Además, la reforma establece que ningún instrumento jurídico podrá contemplar condiciones que superen dichos límites, lo que busca evitar vacíos legales o excepciones que permitan mantener pensiones elevadas.
Las autoridades consideran que esta medida permitirá garantizar mayor equidad en el sistema de remuneraciones dentro del servicio público.
Diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente. Foto / Gobierno del Estado
Durante el debate legislativo, la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente subrayó la relevancia social de esta decisión.
La legisladora señaló que aprobar la reforma no necesariamente es una decisión sencilla, pero sí necesaria en el contexto actual del país.
“Votar a favor de esta minuta no es una decisión cómoda, es una decisión necesaria”, expresó.
Guillén Vicente señaló que para muchas personas las pensiones elevadas dentro del servicio público resultan injustas, especialmente en un país donde millones de trabajadores han laborado durante toda su vida sin acceso a una pensión digna.
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Desde esta perspectiva, la reforma busca generar un sistema más equilibrado y justo en el manejo de los recursos públicos.
Con la aprobación de esta minuta, el Congreso de Tamaulipas refrenda su compromiso con el fortalecimiento del marco constitucional, así como con la construcción de un sistema más transparente y equitativo en materia de sueldos y pensiones dentro del servicio público.
La medida forma parte de un esfuerzo nacional que busca reforzar la política de austeridad y garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera responsable en beneficio de la población.
