Tras tres años de amparos y retrasos, la exsecretaria de Bienestar enfrenta formalmente a la justicia.
La historia comenzó lejos de una sala de audiencias. Antes de las comparecencias, los amparos y las resoluciones judiciales, hubo una denuncia presentada el 23 de diciembre de 2022 por Verónica Adriana Aguirre de los Santos, quien posteriormente asumiría la titularidad de la Secretaría de Bienestar Social del Gobierno de Tamaulipas.
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Esa denuncia dio origen a una investigación que, con el paso de los meses, se convertiría en uno de los expedientes por presunta corrupción más relevantes de la entidad, la carpeta de investigación fue iniciada formalmente el 9 de enero de 2023, cuando el gobierno encabezado por Américo Villarreal apenas iniciaba su administración.
En ese momento, Tania Contreras López se desempeñaba como consejera jurídica del Ejecutivo estatal. Casi tres años después, cuando el caso alcanzó la etapa de vinculación a proceso, el escenario institucional ya era distinto, pues Contreras hoy ocupa la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
La historia comenzó lejos de una sala de audiencias. Foto / SSP
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción sostiene que, entre 2021 y 2022, “YAC”promovió procedimientos de adjudicación directa para la adquisición de despensas que, por los montos contratados, debieron realizarse mediante licitación pública, conforme a la imputación, esto habría ocasionado un presunto daño patrimonial por 985 millones 200 mil pesos.
La defensa de la exsecretaria ha rechazado tajantemente las acusaciones y sostiene su postura de inocencia dentro del proceso penal.
La integración del expediente se prolongó durante casi tres años, periodo en el que se incorporaron contratos, solicitudes de compra y dictámenes del Comité de Compras.
La historia comenzó lejos de una sala de audiencias. Foto / SSP
El expediente cuenta con actas de entrega-recepción, comprobantes de pago, estados de cuenta bancarios y dictámenes periciales en materia contable e informática, asimismo, se sumaron informes policiales y diversa documentación oficial relacionada con la adquisición de despensas del programa Bienestar Alimenticio.
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La carpeta fue finalmente judicializada el 20 de noviembre de 2025, a partir de ese momento comenzó una etapa caracterizada por constantes aplazamientos, ya que la primera audiencia inicial no pudo celebrarse debido a problemas con la notificación de la imputada.
La historia comenzó lejos de una sala de audiencias. Foto / SSP
El procedimiento se postergó debido a constantes cambios de defensa, solicitudes de tiempo para conocer el expediente y la presentación de diversos justificantes médicos, entre las razones de salud alegadas hubo infecciones respiratorias, padecimientos gastrointestinales, una extracción dental y un cuadro de bronquitis aguda.
Uno de los momentos clave ocurrió el 8 de febrero de 2026, cuando el juez de control determinó que las constancias médicas presentadas no acreditaban un impedimento real para asistir, el juzgador estableció que existía una conducta reiterada para evitar el procedimiento legal.
La historia comenzó lejos de una sala de audiencias. Foto / SSP
Tras varios meses de que la defensa promoviera juicios de amparo contra posibles actos privativos de la libertad, el 12 de junio de 2026 “YAC” acudió a la audiencia inicial., sin embargo, la designación de un nuevo defensor volvió a retrasar el procedimiento unos días más.
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Fue el 25 de junio cuando el Ministerio Público formuló la imputación y solicitó la vinculación a proceso, mientras la defensa ejerció su derecho de contradicción, esto abrió paso a la resolución definitiva que cambió el rumbo del caso.
La historia comenzó lejos de una sala de audiencias. Foto / SSP
El 1 de julio de 2026, la jueza de control resolvió vincular a proceso a “YAC” por el presunto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, la autoridad judicial consideró que existían datos de prueba suficientes para continuar formalmente con el procedimiento penal.
Cabe destacar que esta resolución no constituye una sentencia condenatoria, sino el inicio de una nueva etapa, las partes dispondrán de seis meses de investigación complementaria, un plazo legal que concluirá formalmente el próximo 4 de enero de 2027.
Lo que comenzó como una revisión administrativa evolucionó hasta convertirse en un expediente penal de alto impacto político y jurídico en Tamaulipas, a partir de ahora, corresponderá a la Fiscalía fortalecer las pruebas de la acusación y a la defensa controvertirlas en los tribunales.
