El contrato original otorgaba 60% de la recaudación al particular y 40% al Municipio; además establecía que los equipos pasarían al Ayuntamiento al finalizar.
La concesión mediante la cual la empresa Victoria Meters operó durante 15 años los parquímetros del centro de Ciudad Victoria concluyó en febrero de 2024, pero más de dos años después el sistema continúa en un proceso indefinido de transición.
El Ayuntamiento reconoce que el contrato original terminó, mantiene bajo revisión los adeudos de la empresa y ha iniciado procedimientos para recuperar los espacios y equipos, mientras analiza si vuelve a entregar el servicio a un particular o adopta otro modelo de operación.
FOTO | Ramón Sánchez
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El origen se remonta a 2008, cuando el Congreso de Tamaulipas autorizó al Ayuntamiento de Victoria concesionar mediante licitación pública la instalación, operación y administración de parquímetros por un plazo de 15 años.
El decreto estableció además que cualquier prórroga debía solicitarse antes del vencimiento y requería nuevamente autorización del Congreso.
El acuerdo con Victoria Meters fue firmado el 18 de febrero de 2009, por lo que su vigencia terminó en febrero de 2024.
Años antes del vencimiento, funcionarios municipales ya habían confirmado la fecha y señalado que, al concluir el contrato, la infraestructura pasaría a ser propiedad del Ayuntamiento.
El esquema económico también estaba definido: 60 por ciento de los ingresos correspondía a la empresa y 40 por ciento al Municipio. En 2021, Tesorería reportaba ingresos municipales aproximados de 60 mil pesos semanales derivados de ese porcentaje.
Sin embargo, incluso antes de concluir la concesión hubo problemas. En 2023, el Ayuntamiento informó que Victoria Meters mantenía adeudos desde octubre de 2022 y que desconocía cuánto había recaudado la empresa durante esos meses.
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En marzo de 2024 ya se reportaba públicamente que los parquímetros continuaban funcionando con el contrato vencido.
Posteriormente, en febrero de 2025, el secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva, explicó que existía un acuerdo temporal para permitir que Victoria Meters continuara operando mientras se preparaba una nueva licitación pública.
Meses después, la tesorera municipal María Guadalupe de los Reyes, confirmó que el convenio original ya había caducado y que personal del Ayuntamiento había sido colocado en las cajas de Victoria Meters para vigilar directamente cuánto dinero ingresaba.
Para julio de 2025 calculaba que el Municipio estaba recibiendo aproximadamente 30 mil pesos semanales, unos 120 mil pesos mensuales.
Ese monto resulta notable frente a los aproximadamente 60 mil pesos semanales reportados como participación municipal en 2021, aunque las cifras no permiten concluir por sí mismas que haya existido una disminución irregular, porque el volumen de operaciones y otros factores pudieron cambiar entre ambos periodos.
Para julio de 2026, el alcalde Eduardo Gattás confirmó que el Municipio había iniciado el procedimiento legal para que la empresa devolviera los espacios y los parquímetros.
Y en agosto, el secretario del Ayuntamiento informó que existen nuevos adeudos de la concesionaria y que nuevamente se analiza la posibilidad de convocar a otra licitación.
No se localizó en la documentación pública consultada una autorización del Congreso de Tamaulipas que hubiera prorrogado formalmente por otros 15 años la concesión original, requisito que el decreto de 2008 establecía para una extensión de ese título.
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Nuevo Laredo ofrece actualmente un contraste dentro del propio Tamaulipas. En diciembre de 2025, su Gobierno Municipal comenzó a instalar un nuevo sistema de estacionómetros inteligentes: 15 equipos multiespacio y otros 146 dispositivos digitales.
La administración municipal presentó el proyecto como una modernización de su propio sistema y señaló que los ingresos obtenidos se reflejan directamente en la recaudación municipal y posteriormente en infraestructura.
La diferencia de modelo es importante: mientras Victoria cedió durante 15 años la explotación comercial del servicio a una empresa que conservaba el 60 por ciento de los ingresos, Nuevo Laredo administra la recaudación como ingreso municipal y moderniza directamente el sistema.
En Puebla capital, el programa de Estacionamiento Rotativo es administrado por dependencias del propio Ayuntamiento: servidores públicos de la Secretaría de Movilidad supervisan su operación y Tesorería Municipal controla la recaudación.
Actualmente funciona principalmente mediante parquímetros virtuales y reglas aprobadas directamente por Cabildo.
Zapopan, Jalisco, constituye otro modelo intermedio. El municipio contrata tecnología especializada, como la plataforma Parkimovil, pero sus propios contratos especifican expresamente que los cajones de estacionamiento son “operados en su totalidad por la autoridad municipal”.
El particular presta la tecnología y procesa pagos por cuenta de Tesorería; no recibe una concesión para explotar integralmente el espacio público.
Estos modelos muestran que contratar tecnología privada no necesariamente significa entregar a una empresa la administración completa y una participación mayoritaria de los ingresos.
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La posibilidad existe y, de hecho, estaba prevista indirectamente desde el propio contrato anterior.
Antes de vencer la concesión, funcionarios municipales señalaron que los equipos pasarían a formar parte del patrimonio del Ayuntamiento. Actualmente, el propio alcalde afirma que se busca recuperar tanto los aparatos como los espacios públicos.
Esto abre una pregunta que hasta ahora no ha sido resuelta públicamente: si después de 15 años el Municipio debe recuperar la infraestructura, ¿por qué necesariamente tendría que entregar nuevamente el sistema completo a otra concesionaria?
El Ayuntamiento podría analizar, además de una nueva concesión, un esquema de operación municipal directa, adquirir o modernizar equipos, utilizar plataformas digitales contratadas únicamente como servicios tecnológicos o establecer un modelo mixto en el que la Tesorería conserve el control total de la recaudación, como ocurre en otras ciudades.
El debate resulta todavía más relevante porque el esquema anterior generó cuestionamientos por adeudos, fallas en los equipos y falta de certeza respecto a los ingresos obtenidos.
Esta mañana, María Guadalupe de los Reyes, tesorera municipal, volvió a reconocer adeudos pendientes de Victoria Meters y anunció que analiza las alternativas legales disponibles.
La discusión sobre los parquímetros de Ciudad Victoria, por tanto, ya no debería limitarse a decidir qué empresa recibirá la siguiente concesión.
Después de 15 años de operación privada y más de dos años desde el vencimiento del contrato original, la pregunta también tendría que ser otra, ¿le conviene más a Ciudad Victoria volver a compartir la recaudación con un particular o invertir en un sistema que permanezca bajo control y beneficio directo del Municipio?
