Las y los diputados locales aprobaron por unanimidad la modificación constitucional en material de aborto, tras un largo periodo de polémica y multas económicas.
Luego de meses de controversia y multas por desacato, el Congreso de Yucatán aprobó reformar la Constitución local paramodificar la redacción en torno al derecho a la vida, y elimina el lenguaje que, de acuerdo con activistas feministas, implicaba un mensaje de criminalización social hacia las mujeres que interrumpen su embarazo.
Esta modificación completa la despenalización del aborto en Yucatán, lo cual, de acuerdo con colectivas feministas, es un avance para los derechos reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar yucatecas.
Foto: Alejandra Vargas
La reforma aprobada modifica el artículo 1° de la Constitución estatal, que desde 2009 establecía la protección de la vida desde el momento de la fecundación y su reconocimiento legal “hasta la muerte natural”, con una redacción que incluía excepciones previstas en el Código Penal local.
Con el nuevo texto, el Congreso eliminó esa referencia y estableció únicamente que el Estado “reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano”, además de incorporar la obligación de promover condiciones para su desarrollo integral conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución federal y tratados internacionales.
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La modificación constitucional fue aprobada por unanimidad de las bancadas representadas en el Congreso local, incluyendo legisladores del PAN y del Partido Verde Ecologista de México quienes historicamente han sido detractores de la legalización del aborto en Yucatán.
El aval legislativo ocurrió en un contexto de cumplimiento forzado por resoluciones judiciales, luego de que se determinara que el Congreso había incurrido en desacato. Esta situación derivó en sanciones económica superiores al millón de pesos.
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Con la modificación constitucional, se cierra formalmente el proceso legislativo relacionado con la interrupción legal del embarazo en Yucatán, al eliminar el lenguaje previo que reforzaba la protección del producto de la concepción desde la fecundación.
Legisladores y observadores jurídicos señalan que el nuevo texto alinea la Constitución local con criterios de derechos humanos y estándares establecidos por la Constitución federal y tratados internacionales.
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