Un hombre de origen cubano estaría cobrando por el uso de palapas en una playa de Chuburná Puerto, por lo que habitantes y visitantes pidieron la intervención de las autoridades.
Habitantes y visitantes de Chuburná Puerto denuncian la presunta ocupación de un tramo de playa por parte de un hombre de origen cubano, quien habría instalado palapas y exigido pagos para utilizar las zonas de sombra.
Ante esta situación, los vecinos pidieron la intervención de las autoridades para revisar si cuenta con los permisos necesarios para ocupar esa zona de la playa y garantizar el libre acceso.
Foto: cortesía
De acuerdo con los denunciantes, en la playa fueron instaladas varias palapas improvisadas. Señalaron que el hombre cobra por utilizar los espacios con sombra y que, si las personas no pagan, les impide ocuparlos.
Los vecinos aseguraron que el hombre dice que las áreas están reservadas para sus rentas, lo que ha causado molestia entre habitantes y turistas que visitan Chuburná Puerto.
Vecinos del puerto señalan que las palapas no pertenecen a ningún restaurante o negocio y que tampoco cuentan, según dijeron, con una concesión federal para ocupar ese espacio de la playa.
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La nueva denuncia ocurre pocos días después de que Chuburná Puerto se encontrara en el centro de la atención por el caso de Proyecto Las Dunas, un desarrollo inmobiliario que fue clausurado temporalmente por la Profepa tras detectar daños ambientales irreversibles.
Durante las inspecciones realizadas a finales de julio, la dependencia reportó afectaciones a vegetación y especies protegidas, además de trabajos de desmonte, despalme y movimiento de arena en el predio. La superficie desmontada alcanzó alrededor de 1.3 hectáreas, equivalente a unos 13 mil metros cuadrados.
El caso generó preocupación entre habitantes de la zona y la movilización de activistas por el impacto que distintas actividades pueden tener sobre el ecosistema costero.
La comunidad insistió en que las playas de Chuburná Puerto deben mantenerse como espacios de acceso público y pidió que cualquier actividad comercial realizada en la zona cumpla con la normatividad correspondiente.
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Desde octubre de 2020, la Ley General de Bienes Nacionales establece que el acceso a las playas y a la zona federal marítimo terrestre contigua no puede ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado, salvo en los casos previstos por el reglamento.
La reforma fue impulsada para garantizar el libre acceso y tránsito de las personas en estos espacios. Esta ley también contempla sanciones para propietarios o titulares de concesiones, permisos o autorizaciones que obstaculicen o condicionen el acceso a las playas y a la zona federal.
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