La Semarnat señaló que estos bancos de materiales se encuentran funcionando de forma irregular en Yucatán.
Al menos 15 bancos de materiales han sido detectados operando de manera irregular en Yucatán, así lo confirmó Guillermo Porras Quevedo, titular de la representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Yucatán.
El funcionario explicó que estas irregularidades están relacionadas principalmente con problemas de uso de suelo, permisos vencidos y falta de autorizaciones específicas, y que los casos ya se encuentran bajo procesos administrativos ante instancias como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en coordinación con el gobierno del estado.
Foto: Christian Espadas
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De acuerdo con Porras Quevedo, una de las irregularidades más frecuentes tiene que ver con el uso de suelo, pues muchos de los bancos de materiales cuentan con algún tipo de permiso, pero no con la autorización de cambio de uso de suelo correspondiente, lo que los coloca en una situación de ilegalidad.
“Muchos podrán tener permisos, pero no tienen cambio de uso de suelo, entonces, ahí es donde tenemos esta alternancia,” indicó Porras Quevedo.
Asimismo, explicó que los permisos dependen de la densidad del material y del área donde se está operando, y que existen diferencias importantes entre la explotación en zonas superficiales y aquellas que buscan llegar al manto freático, en este último caso, se requiere una regulación aún más específica, ya que se trata de una característica distinta que implica mayores riesgos ambientales.
“Aquellos que quieran llegar a manto freático, pues todavía tienen otra característica más importante y se atiende directamente allí en Semarnat,” señaló el funcionario.
Asimismo, señaló que la afectación al suelo ha sido uno de los impactos más recurrentes y que varios bancos no han presentado la documentación necesaria para acreditar que operan conforme a la normatividad vigente.
Foto: Christian Espadas
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El titular de la representación de SEMARNAT indicó que quienes hayan trabajado en condiciones de ilegalidad deberán enfrentar procesos administrativos ante Profepa y en su caso, realizar acciones de resarcimiento de daños.
Además de las sanciones, los responsables tendrán que iniciar procedimientos de actualización normativa ante las dependencias que correspondan, como la Secretaría de Desarrollo Sustentable u otras instancias, dependiendo del tipo de afectación y de la densidad de la explotación.
“Habrá consecuencias a los que trabajaban, si vieron trabajando en ilegalidad, pues de la parte normativa tendrán uno de resarcir los daños los que traicionaron en su momento y llevar su proceso frente a Profepa y a su vez tendrán que llevar su actualización normativa frente a la dependencia que corresponda,” sentenció.
Señaló que la regularización no es automática, sino que implica revisar en qué condiciones podrían eventualmente obtener un permiso, siempre y cuando sea viable desde el punto de vista ambiental. En este contexto, subrayó que habrá esquemas de remediación y compensación que deberán evaluarse caso por caso.
Foto: Christian Espadas
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Porras Quevedo informó que actualmente se tiene conocimiento de alrededor de 15 bancos de materiales irregulares, ya sea por cambios de uso de suelo no autorizados o por licencias vencidas. Sin embargo, precisó que una parte de estos establecimientos ya ha iniciado procesos de regularización.
Dijo que varios responsables se han acercado a Profepa para comenzar sus trámites, aprovechando que hoy existen mayores facilidades y apertura institucional para hacerlo, añadiendo que durante el año se han realizado salidas al campo para dar seguimiento a estos casos y que se ha observado una activación en la búsqueda de soluciones administrativas.
Indicó que hay bancos en distintas zonas, entre ellas Umán, donde se han reportado situaciones que han tenido impacto en la ciudad, incluyendo el uso de explosivos. En estos casos, Profepa mantiene un trabajo específico de vigilancia y seguimiento.
El funcionario concluyó que la postura es clara: apoyar a quienes busquen regularizarse, pero también advertir que quienes no lo hagan permanecerán en una condición negativa que, inevitablemente, tendrá consecuencias conforme a la ley.
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