Integrantes comunidades mayas se manifestaron en Chichén Itzá para denunciar la omisión y presunta complicidad del INAH en la destrucción de vestigios arqueológicos.
Más de un centenar de personas originarias de al menos ocho comunidades mayas en Yucatán se manifestaron en Chichén Itzá para protestar contra el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), al que acusan de incumplir con su obligación constitucional de proteger, conservar y recuperar el patrimonio arqueológico, histórico y cultural de los pueblos originarios.
La protesta se llevó a cabo en uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos de México y del mundo, como un acto simbólico para visibilizar lo que las comunidades consideran una sistemática omisión por parte del INAH frente a la devastación de vestigios arqueológicos ocasionada por proyectos empresariales en distintas regiones del estado.
Foto: Irving Gil
Los manifestantes reclamaron que, lejos de cumplir su función como garante del patrimonio nacional, el INAH ha permitido que grandes empresas realicen obras que afectan sitios con alto valor histórico, cultural y espiritual para los pueblos mayas.
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Las comunidades señalaron directamente al INAH por permitir, mediante omisiones o autorizaciones, la destrucción de vestigios arqueológicos en el sitio conocido como Tzemé, ubicado en el municipio de Kinchil.
De acuerdo con los denunciantes, la empresa avícola Crío realizó obras a aproximadamente 700 metros de la pirámide principal del sitio arqueológico, ocasionando daños irreversibles.
Los inconformes afirmaron que, pese a la magnitud del impacto, la autoridad federal únicamente colocó un sello de suspensión, sin implementar acciones efectivas para frenar las obras ni para rescatar los vestigios afectados.
Además, recordaron que en el informe presentado por el propio INAH dentro de una demanda de amparo interpuesta por el Consejo Comunitario de Kinchil, la institución reconoció haber otorgado su visto bueno a la obra y negó inicialmente la existencia de vestigios arqueológicos en la zona.
Actualmente, el INAH ha informado que realiza una investigación interna para deslindar responsabilidades por dicha autorización, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer resultados concretos.
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Otra de las denuncias centrales de la protesta fue presentada por habitantes de la comunidad de Santa María Chi, quienes acusaron que una granja ubicada en la zona destruyó basamentos y vestigios arqueológicos en la localidad de San Nicolás, perteneciente a Santa María Chi y Tixkokob.
Según los testimonios, el INAH se negó a realizar acciones de rescate, recuperación o protección de los bienes arqueológicos bajo el argumento de que estos habrían sido destruidos hace aproximadamente dos décadas.
Foto: Irving Gil
Para las comunidades, esta postura representa una renuncia institucional a su responsabilidad de investigar y salvaguardar el patrimonio cultural, aun cuando existan evidencias y memoria histórica de su existencia.
Las y los manifestantes sostienen que estas decisiones profundizan el despojo cultural y territorial que han enfrentado históricamente los pueblos mayas, ahora agravado por el avance de proyectos productivos sin una adecuada supervisión arqueológica.
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En la manifestación participaron personas originarias de Dzitnup, Ixil, Kinchil, Molas, Santa María Chí, Sisal, Caucel y Yaxkukul. Como parte del acto simbólico, colocaron una corona fúnebre en la entrada de la zona arqueológica de Chichén Itzá, en señal de luto por la destrucción de los sitios arqueológicos.
Estamos de luto por la destrucción de Tzemé. El INAH ha permitido esta devastación y no ha hecho nada para garantizar la conservación de lugares que nuestra comunidad ha cuidado y conservado por varias generaciones.
Federico May - Integrante del Consejo Comunitario de Kinchil
Foto: Irving Gil
La protesta fue organizada por los consejos comunitarios de Dzitnup, Ixil, Kinchil, Molas, Santa María Chí y Sisal, así como por los comisarios municipales. Tras la manifestación, los participantes se reunieron en Dzitnup para acordar estrategias conjuntas y articular futuras acciones en defensa de sus derechos, su territorio y su patrimonio cultural.
Las comunidades advirtieron que continuarán organizándose y alzando la voz hasta que las autoridades federales garanticen una protección real y efectiva del legado histórico y espiritual del pueblo maya en Yucatán.
