Organizaciones indígenas señalaron que la falta de instalación de la Defensoría Pública Electoral refleja un rezago institucional en la garantía de derechos políticos en Yucatán.
Yucatán presenta un rezago en la creación e instalación de la Defensoría Pública de los Derechos Político-Electorales; así lo señalaron integrantes de organizaciones y representantes de comunidades indígenas mayas.
Ellos afirmaron que, pese a existir un marco legal desde 2023 y resoluciones judiciales que ordenan su implementación, el órgano aún no entra en funciones.
Foto: Christian Espadas.
En el acuerdo por medio del cual dice dar cumplimiento a la sentencia, no es más que un acto de autoritarismo con el que persiste la omisión del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán de instalar y poner en funciones la Defensoría Pública de los Derechos Político-Electorales, ordenada mediante el decreto 655/2023 del Congreso del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 28 de junio de 2023.
Juan Baas Tec - Representante de comunidades indígenas mayas
Según lo señalado por estas comunidades, este atraso ha sido identificado como un obstáculo para el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de la población indígena.
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De acuerdo con lo expuesto por los representantes de las comunidades indígenas mayas, el rezago se refiere principalmente a que la Defensoría Pública de los Derechos Político-Electorales ya se encuentra prevista en la legislación estatal, pero no ha sido instalada ni puesta en funciones de manera efectiva.
Los participantes recordaron que el decreto que modificó la ley electoral en materia de defensa de derechos políticos fue publicado en junio de 2023, por lo que consideran que ha transcurrido tiempo suficiente para su implementación.
Sin embargo, la falta de operación de este órgano mantiene a comunidades indígenas sin un mecanismo permanente de orientación, asesoría jurídica y representación electoral.
Desde el mes de octubre de 2023 les autorizaron recursos; estamos hablando de que también les dieron recursos para 2024 y 2025, y del 2025 para 2026. Si desde 2023 ya tiene el recurso y no lo van a instalar, eso, dentro de la administración pública, es una violación.
Iván Miranda - Integrante de la Organización Indígena Maya.
Foto: Christian Espadas.
Asimismo, señalaron que la defensoría no busca sustituir a las autoridades electorales, sino servir como instancia especializada para garantizar el acceso a la justicia en materia político-electoral, especialmente para personas y grupos históricamente marginados.
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Durante la lectura del posicionamiento, se recordó que en años recientes se promovieron juicios ciudadanos ante autoridades electorales para exigir la protección y garantía de los derechos político-electorales.
Como parte de este proceso, se indicó que en julio de 2025 se presentaron escritos y recursos legales por integrantes de comunidades mayas, los cuales derivaron en una sentencia emitida en agosto de ese mismo año.
Queremos que se cumpla como debe ser, porque no está muy claro; no dan fechas de instalación de la Defensoría y además buscamos que no solo se dé justicia a los actores promoventes, sino que debería ser una Defensoría Pública para cualquier ciudadano que acuda a ella.
Juan Baas Tec. - Representante de comunidades indígenas mayas.
Según lo explicado por las organizaciones, la resolución ordenó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac) implementar las acciones necesarias para instalar la defensoría y garantizar su funcionamiento antes del siguiente proceso electoral.
Foto: Christian Espadas.
Sin embargo, los representantes señalaron que el cumplimiento reportado por el órgano electoral no satisface lo ordenado, ya que consideran que no se establecieron fechas claras ni condiciones suficientes para la operación real del organismo.
También se mencionó que, ante lo que calificaron como cumplimiento parcial o insuficiente, fueron interpuestos nuevos recursos de inconformidad.
De acuerdo con lo expresado en la reunión, hasta la fecha no había una respuesta definitiva sobre dichos recursos, situación que, a su juicio, prolonga el rezago institucional.
Los participantes indicaron que la demora en la instalación de la defensoría genera incertidumbre sobre la forma en que se garantizará el acceso a la justicia electoral para comunidades indígenas en futuros procesos.
Entre las preocupaciones expuestas se encuentra la falta de claridad sobre la convocatoria para nombrar a las personas responsables del órgano, así como los criterios para su integración.
Foto: Christian Espadas.
Asimismo, señalaron que la defensoría debe tener carácter público y atender a cualquier ciudadano, no solamente a los promoventes de los juicios iniciales. De acuerdo con lo dicho en la conferencia, limitar su alcance reduciría su función como mecanismo general de protección de derechos político-electorales.
Otra de las inquietudes expresadas fue el argumento presupuestal que, según mencionaron, ha sido utilizado para explicar la falta de implementación.
Los participantes sostuvieron que han existido recursos autorizados en años previos y cuestionaron que la instalación continúe pendiente.
También señalaron que el próximo proceso electoral, previsto para el periodo 2026-2027, hace urgente definir fechas concretas y acciones claras.
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