La comunidad indígena en Santa María Chi celebró el cierre de la granja porcícola, pero alertó que la contaminación persiste.
La comunidad de Santa María Chi, comisaría de Mérida, celebró el cierre de la granja porcícola San Gerardo; sin embargo, advirtió que los daños ambientales provocados durante años de operación aún no han sido atendidos.
Habitantes señalaron que, aunque 41 mil 570 cerdos fueron retirados el pasado 30 de abril, el sitio sigue representando un riesgo para el entorno y la salud.
De acuerdo con el pronunciamiento comunitario, la granja vinculada al grupo Kekén habría generado contaminación en los mantos freáticos, afectando el acceso al agua en la zona y su forma de vida tradicional.
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Los habitantes indicaron que el cierre no implica una solución inmediata, ya que solo una parte de la infraestructura ha sido desmontada. Según denunciaron, de 72 naves porcícolas, únicamente 20 han sido retiradas hasta el momento.
Además, alertaron sobre la presencia de residuos acumulados, incluyendo más de 30 mil metros cúbicos de aguas residuales con estiércol, así como la contaminación de aproximadamente 221 hectáreas donde durante años se dispersaron desechos.
Aseguran que el agua de los pozos presenta altos niveles de coliformes fecales, nitritos y nitratos, lo que impide su uso incluso para actividades básicas.
Foto: Profepa
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La comunidad reconoció la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en la clausura, pero criticó que la dependencia no participe en el proceso de remediación ambiental. Ante ello, informaron que han recurrido a mecanismos legales para exigir la limpieza del sitio y la reparación del daño.
También hicieron un llamado a la alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, y al gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, para que atiendan la situación con enfoque en los derechos de las comunidades indígenas.
En un comunicado, la Profepa detalló que el proceso de trabajo para el cierre total y definitivo de la granja continúa y que, en el transcurso de los próximos 10 días hábiles, la empresa deberá presentar su Estudio de Daño Ambiental final con las correcciones solicitadas por la Procuraduría.
Foto: Facebook Santa María Chi
Una vez aprobado, la empresa deberá presentar el calendario para la ejecución de las acciones correctivas y de compensación de los daños identificados; el cumplimiento de estas acciones será verificado por la dependencia federal.
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Los habitantes de Santa María Chi señalaron que su caso no es aislado, sino parte de una problemática más amplia relacionada con el manejo de residuos en la industria porcícola en Yucatán.
Advirtieron que existen decenas de granjas que podrían estar operando sin cumplir completamente con la normativa ambiental, por lo que pidieron una revisión más estricta y acciones que garanticen la protección del territorio y los recursos naturales.
Foto: Greenpeace
El relator especial de la ONU sobre sustancias tóxicas, Marcos Orellana, alertó sobre el caso de Yucatán, con el crecimiento descontrolado de más de 500 granjas porcícolas instaladas sin consulta a comunidades mayas ni permisos ambientales, que estarían afectando los mantos acuíferos del Anillo de Cenotes.
