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Roxana Lili "N" pasó de gobernar uno de los municipios más importantes de Quintana Roo a enfrentar una investigación de la Fiscalía estatal que derivó en una orden de aprehensión en su contra.
Su detención en la Ciudad de México ha puesto el nombre de la exfuncionaria en el centro de la conversación, pero ¿quién es y qué hay detrás del caso que la llevó ante las autoridades?
¿Quién es Roxana Lili "N", exalcaldesa de Playa del Carmen?
Roxana Lili "N" es una política que gobernó el municipio de Solidaridad, hoy Playa del Carmen, durante el periodo 2021-2024, luego de ganar las elecciones como candidata de una alianza encabezada por el Partido Acción Nacional (PAN).
En 2024 buscó el cargo por otros tres años, pero perdió frente a Estefanía Mercado, de Morena. A dos años de dejar la presidencia municipal, en septiembre de 2026 se reportó su incorporación a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México como fiscal de Investigación del Delito de Narcomenudeo.
Foto: Redes Sociales
¿Cuándo y dónde detuvieron a Roxana Lili "N"?
De acuerdo con la ficha del Registro Nacional de Detenciones (RND), la captura ocurrió el jueves 19 de noviembre de 2026, a las 19:47 horas, en la colonia De la Unión Zapata, alcaldía Venustiano Carranza, en la capital del país.
El documento señala que la exalcaldesa quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), en sus instalaciones de Tacubaya, mientras que la detención fue realizada en coordinación con autoridades federales.
¿De qué se le acusa a la exalcaldesa de Playa del Carmen?
La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que Roxana Lili "N" es investigada por su probable relación con el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, por hechos que habrían causado un daño al erario municipal superior a los 62 millones de pesos.
Según las investigaciones, durante su administración se habrían otorgado de manera irregular tres licitaciones públicas, entre 2022 y 2024, a una empresa encargada del lavado especializado de vehículos de Servicios Públicos Municipales.
La FGE Quintana Roo señala que los contratos registraban hasta 865 lavados al mes para un parque vehicular de 123 unidades, pese a que la empresa contaba con apenas 15 empleados.
Además, habría recibido pagos sin contar con los comprobantes fiscales requeridos. La investigación también señala omisiones de servidores públicos encargados de revisar los contratos y comprobar que los servicios se cumplieran.