Un hombre originario de Quintana Roo fue detenido en Nuevo León acusado de extorsión agravada. Exigía miles de pesos a una madre por la supuesta liberación de su hijo desaparecido
Tras una serie de trabajos de investigación, campo y gabinete, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) logró ubicar en Nuevo León a José Manuel “N”, quien contaba con una orden de aprehensión por su presunta relación con el delito de extorsión agravada.
El operativo se realizó en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, lo que permitió su captura en el municipio de Monterrey. Posteriormente, el detenido fue trasladado a Benito Juárez, Quintana Roo, donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente para definir su situación jurídica.
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De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 24 de febrero de 2020, cuando el acusado se comunicó vía WhatsApp con una mujer, a quien exigió 50 mil pesos a cambio de devolverle a su hijo, desaparecido desde el 22 de febrero del mismo año.
El hombre proporcionó un número de cuenta para recibir el dinero, y la víctima realizó un primer depósito de 42 mil pesos el 25 de febrero, no obstante, pocos días después, el 28 de febrero, volvió a recibir mensajes donde le solicitaban 70 mil pesos adicionales, bajo amenaza de que su hijo sería asesinado si no cumplía con el pago.
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El agresor continuó enviando mensajes intimidatorios para presionar a la víctima a seguir pagando. Ante el temor de perder a su hijo, la mujer realizó un segundo depósito de 50 mil pesos el 4 de marzo de 2020, sin recibir respuesta ni información sobre el paradero de su familiar.
Gracias a las labores de inteligencia, los investigadores lograron rastrear los movimientos financieros y la ubicación del sospechoso, lo que llevó a su localización en Monterrey, Nuevo León.
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Luego de su detención, José Manuel “N” fue trasladado a Quintana Roo, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales. En los próximos días se determinará su situación jurídica, dentro del plazo constitucional correspondiente.
La FGE destacó que este caso refuerza los resultados de la colaboración interinstitucional entre estados para combatir delitos de extorsión y violencia digital, prácticas que han afectado a numerosas familias en el sureste del país.
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