La decisión de una jueza suspendió las licencias del proyecto mientras habitantes de Chuburná Puerto mantienen la defensa de las dunas.
La defensa de las dunas de Chuburná Puerto alcanzó un nuevo logro luego de meses de señalamientos, protestas y acciones legales por el desarrollo de un complejo turístico frente a la costa yucateca, un caso que ha puesto bajo la lupa los permisos otorgados para construir en esta zona.
Ahora, una decisión tomada dentro de un juicio de amparo cambia el panorama para el proyecto “Las Dunas”, aunque el proceso todavía está lejos de terminar y será necesario esperar la sentencia que determine el rumbo del conflicto.
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El Juzgado Primero de Distrito en Yucatán concedió una suspensión definitiva dentro del juicio de amparo 1771/2026-I-D, promovido por habitantes de Chuburná Puerto con acompañamiento de Kanan Derechos Humanos.
De acuerdo con Salvemos las Dunas, la medida suspende las licencias de construcción, uso de suelo y urbanización concedidas a Auralux Representaciones S.A. de C.V., por lo que los trabajos relacionados con estos permisos deberán permanecer detenidos hasta que exista una sentencia en el juicio.
El colectivo también informó que la jueza eximió a la comunidad de entregar una fianza o garantía económica para mantener vigente la medida.
“Las Dunas” es un complejo turístico e inmobiliario proyectado en Chuburná Puerto, comisaría costera del municipio de Progreso, que ha generado oposición entre habitantes y grupos ambientalistas, quienes denuncian posibles afectaciones a la duna costera y otros ecosistemas de la zona.
Las dunas tienen un papel importante en la costa, pues funcionan como una barrera natural frente al oleaje y las tormentas, además de formar parte del hábitat de más de 200 especies de plantas, aves emblemáticas y reptiles.
El Gobierno de Yucatán informó que los dictámenes estatales establecen restricciones para desarrollar el predio, por lo que más de la mitad de su superficie deberá mantenerse como área de conservación.
En concreto, 45 mil 728 metros cuadrados de humedal costero y 2 mil 880 metros cuadrados de Zona Federal Marítimo Terrestre no pueden ser ocupados ni modificados, además de que las especies de manglar presentes en el sitio y su hábitat no deberán ser afectados.
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Otro punto del conflicto surgió durante la audiencia incidental del 29 de septiembre, cuando, según el colectivo, la Dirección de Desarrollo Urbano de Progreso sostuvo que se había garantizado la participación ciudadana.
Salvemos las Dunas cuestionó esta postura y aseguró que los vecinos conocieron el proyecto cuando la maquinaria comenzó a trabajar, por lo que pidió conocer las pruebas sobre cuándo, dónde y por qué medios se convocó a la población.
El grupo también ha invocado el artículo 7 del Acuerdo de Escazú, relacionado con la participación pública en decisiones ambientales.
La suspensión no representa la sentencia final ni significa que los permisos hayan sido cancelados. Su efecto es mantener frenadas las licencias señaladas mientras continúa el juicio de amparo.
Por su parte, el Gobierno de Yucatán solicitó a Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) verificar que el proyecto cumpla con las autorizaciones federales y las medidas de protección establecidas.
Salvemos las Dunas también pidió al Ayuntamiento de Progreso acatar la resolución y a las autoridades ambientales realizar inspecciones en el sitio, mientras la comunidad mantiene la vigilancia y espera la resolución de fondo del juicio.
