Greenpeace México pidió frenar megaproyectos turísticos e inmobiliarios en Yucatán por daños a la Selva Maya y contaminación de ecosistemas.
La organización ambientalista Greenpeace México lanzó un llamado urgente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para frenar nuevos megaproyectos turísticos e inmobiliarios en la Península de Yucatán, al advertir una degradación acelerada de los ecosistemas, contaminación del agua y presión creciente sobre los servicios ambientales.
La exigencia se planteó durante mesas de diálogo realizadas en Ciudad de México el pasado 28 de noviembre, donde comunidades de Quintana Roo, Yucatán y Campeche expusieron los impactos ambientales y sociales derivados del crecimiento urbano, turístico y de infraestructura en la región.
Foto: Ilustrativa
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De acuerdo con el comunicado, la Península de Yucatán enfrenta un deterioro progresivo de la selva maya, afectaciones a cuerpos de agua y pérdida de biodiversidad, derivadas de desarrollos inmobiliarios, agroindustriales y turísticos.
Durante el encuentro, representantes comunitarios solicitaron establecer una moratoria a nuevos megaproyectos y autorizaciones de cambio de uso de suelo, incluyendo propuestas de empresas internacionales. También pidieron la creación de un Programa Peninsular de Restauración que atienda los daños acumulados en el territorio.
Ornela Garelli, directora de Campañas de Greenpeace México, señaló que las autoridades ambientales operan con recursos limitados frente a la magnitud de la crisis ecológica. Por ello, consideró indispensable asignar mayor presupuesto y fortalecer la capacidad institucional para proteger los ecosistemas.
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Uno de los puntos centrales fue el impacto asociado al Tren Maya, al que la organización calificó como un catalizador de reordenamiento territorial que ha impulsado nuevos desarrollos turísticos e inmobiliarios en Quintana Roo y otras zonas del sureste.
Las organizaciones solicitaron un diagnóstico integral de daños ambientales, incluyendo impactos acumulativos y sinérgicos, así como un plan de restauración regional con participación activa de pueblos y comunidades mayas.
Además, señalaron la necesidad de establecer límites ecológicos claros basados en la capacidad de carga de los ecosistemas y reforzar la inspección ambiental ante la falta de personal en dependencias como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
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Habitantes de la región advirtieron que la degradación ambiental ya tiene consecuencias visibles, como enfermedades relacionadas con la contaminación del agua, fragmentación social e inseguridad territorial.
Entre las demandas destacan frenar proyectos que superen los límites ecológicos, regular el uso de agrotóxicos, supervisar granjas porcícolas y establecer vigilancia ambiental estricta en destinos costeros de la Península de Yucatán.
En la reunión participaron representantes de instancias como la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). Sin embargo, Greenpeace subrayó la ausencia de autoridades vinculadas al proyecto ferroviario federal y de gobiernos estatales.
La Semarnat se comprometió a responder en un plazo no mayor a 20 días. Mientras tanto, Greenpeace México adelantó que mantendrá la presión pública hasta lograr acciones concretas que garanticen la protección de la Selva Maya y los derechos de las comunidades de la Península de Yucatán.
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