Un juez determinó la sentencia por el delito de violación equiparada agravada contra el menor de edad en el municipio de Hunucmá.
Un hombre fue sentenciado a 25 años de prisión en Yucatán tras concluir el juicio oral en su contra por el delito de violación equiparada agravada contra un menor de edad, en un caso ocurrido en el municipio de Hunucmá.
La Fiscalía General del Estado (FGE) presentó las pruebas que permitieron acreditar su responsabilidad penal, por lo que, además de la pena de cárcel, deberá cubrir una multa y el pago por concepto de reparación del daño.
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De acuerdo con la investigación de la FGE Yucatán, los hechos ocurrieron en un predio de la colonia Fátima, en Hunucmá, cuando la madre del menor lo dejó bajo el cuidado del acusado, quien era su abuelo, identificado como Juan Bautista P.G.
Según las indagatorias, el menor contó a su madre lo ocurrido, por lo que ella acudió a la Fiscalía para denunciar los hechos. Tras los exámenes practicados, se identificaron datos clínicos que corroboraron el relato de la víctima.
Foto: Poder Judicial de Yucatán
Durante la audiencia de individualización de las penas, se estableció que el hombre deberá cumplir una condena de 25 años de prisión, además de pagar una multa de cinco mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 586 mil pesos.
También deberá cubrir 70 mil pesos por concepto de reparación del daño, como parte de las sanciones impuestas por la autoridad judicial.
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En otro caso, Gimer Javier Ch.A. fue vinculado a proceso por los delitos de lesiones calificadas y portación de armas e instrumentos prohibidos, luego de ser señalado por el presunto ataque con machete a su sobrino en la colonia Bojórquez, en Mérida.
Foto: Redes Sociales
De acuerdo con la información de la causa penal, el acusado se encontraba en calles de dicha colonia cuando comenzó a agredir verbalmente a su familiar y, en determinado momento, sacó un machete con el que lo hirió en el lado izquierdo del cuello, causándole diversas lesiones.
Tras los hechos, el hombre fue detenido y presentado ante la autoridad judicial, donde la FGE aportó los datos de prueba para obtener su vinculación a proceso. Como parte de las medidas determinadas, el juez ratificó la prisión preventiva y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
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