Familias afectadas, muchas de ellas adultos mayores, temen perder sus viviendas tras años de habitarlas
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió tomar en sus manos dos juicios relacionados con uno de los conflictos de tierras más prolongados de Yucatán: la disputa por terrenos del ejido de Chuburná, en el norte de Mérida, cuya posesión reclaman tanto particulares como la comunidad ejidal desde hace casi dos décadas.
Este problema ha afectado a familias que habitan en fraccionamientos de esa zona, muchas de ellas adultos mayores que compraron sus propiedades de buena fe hace cuatro décadas y que llevan años en pie de lucha legal para conservar sus viviendas.
Foto: Diario de Yucatán
En la sesión pública ordinaria del Tribunal Pleno del martes 11 de agosto de 2026, la Suprema Corte dio cuenta, entre otros 17 asuntos, de dos solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción, identificadas como los expedientes 727/2026 y 728/2026.
Ambas fueron formuladas por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y buscan que la Corte, y no un tribunal colegiado, sea quien resuelva de fondo dos juicios de amparo directo.
Foto: SCJN
Ambos expedientes fueron listados por primera vez el 5 de agosto de 2026 para su discusión en el Pleno. Un día después de la sesión, la ministra Lenia Batres confirmó públicamente que la Corte admitió a trámite ambas solicitudes, lo que formalizó la atracción de los casos por parte del máximo tribunal del país.
De acuerdo con la información disponible sobre el expediente 727/2026, el asunto proviene del municipio de Mérida y el acto reclamado consiste en la nulidad de un acta de asamblea ejidal, derivada de una resolución del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34, instancia especializada en justicia agraria en la entidad.
En el fondo, el litigio enfrenta dos versiones sobre la propiedad de una misma franja de tierra en el norte de Mérida:
Los particulares que habitan y poseen terrenos en la zona sostienen que cuentan con escrituras, contratos de compraventa y otros títulos que respaldan legalmente sus derechos sobre esas propiedades, muchas de ellas adquiridas hace varias décadas.
Por su parte, la comunidad del ejido de Chuburná sostiene que esas superficies siguen siendo tierras ejidales que nunca se desincorporaron correctamente del régimen agrario y que, por lo tanto, deben conservarse como propiedad social o ser restituidas al ejido.
El diferendo no es nuevo ni se originó en la SCJN, lleva años tramitándose en el Tribunal Superior Agrario y en tribunales colegiados de circuito, generando una cadena de resoluciones, impugnaciones, recursos de reclamación y juicios de amparo directo que, poco a poco, ha ido escalando hasta el máximo tribunal del país.
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Según reportes periodísticos locales, la disputa alcanza a familias que habitan en varias colonias y fraccionamientos del norte de Mérida, entre ellos Vista Alegre, Los Pinos, Los Arcos, Del Arco y zonas aledañas.
En algunos de estos fraccionamientos, cientos de familias, muchas de ellas adultos mayores que compraron sus propiedades de buena fe hace cuatro décadas, llevan años en pie de lucha legal para conservar sus viviendas.
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Vecinos organizados de Vista Alegre y Los Arcos han señalado en conferencias de prensa previas que su conflicto no es con los ejidatarios de Chuburná como colectivo, sino con lo que han descrito como un grupo de interés que se ha valido de asambleas ejidales para intentar despojarlos de su patrimonio mediante maniobras legales.
Esta versión coincide con señalamientos de una supuesta ampliación irregular de los límites del ejido, lo que, según los afectados, pondría en riesgo predios que en realidad ya habían salido del régimen ejidal desde hace años.
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