Conoce qué es la Ley de Autismo en Yucatán, qué derechos garantiza, qué cambios trae y por qué su aprobación marca un avance histórico en el estado.
El Congreso del Estado de Yucatán aprobó la Ley para la Atención, Protección e Inclusión de las Personas Autistas, una legislación considerada histórica por organizaciones civiles, familias y personas dentro del espectro autista.
Esta nueva ley busca garantizar derechos, atención integral e inclusión social, marcando un antes y un después en la política pública estatal sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA).
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La ley fue avalada por el pleno del Congreso local tras un amplio proceso legislativo que incluyó diálogo con familias, activistas, especialistas y personas autistas. Aunque Morena y el PAN se atribuyeron el impulso de la iniciativa, la aprobación contó con el respaldo de diversas fuerzas políticas y fue celebrada como un logro ciudadano.
El dictamen incluso fue adelantado en la sesión legislativa ante la presencia de personas autistas y sus familiares en el recinto.
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La legislación establece acciones clave en materia de atención, inclusión y derechos, con un enfoque integral. Entre los principales puntos destacan la capacitación obligatoria a docentes, ajustes en aulas y planes de estudio, diagnósticos oportunos, terapias especializadas y acompañamiento a cuidadores.
El nuevo dictamen también se impulsa la inclusión laboral de personas adultas autistas y la creación de un censo estatal para conocer cuántas personas con TEA hay en Yucatán y cuáles son sus necesidades reales.
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La ley sienta las bases para el funcionamiento del Centro Estatal para el Trastorno del Espectro Autista (Cetea), anunciado por el Gobierno de Yucatán. Este espacio ofrecerá terapias integrales, atención psicológica y acompañamiento familiar a niñas, niños y personas adultas con autismo, consolidándose como un eje clave de la política pública en la entidad.
Legisladores y activistas coinciden en que el mayor desafío será su correcta implementación. Tras su publicación, las instituciones tendrán 180 días para realizar los ajustes necesarios, con el objetivo de que la ley se traduzca en beneficios reales y sostenibles para las personas autistas en Yucatán.
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