El documento busca ser una herramienta para que las trabajadoras sexuales identifiquen sus derechos y puedan exigir su cumplimiento.
En Mérida se llevó a cabo la presentación de la Cartilla de Derechos de las Trabajadoras Sexuales, un material informativo dirigido principalmente a mujeres que ejercen el trabajo sexual. La actividad tuvo como objetivo visibilizar los derechos humanos de este sector poblacional, así como los contextos de violencia, discriminación y desprotección institucional que enfrentan.
La cartilla, elaborada de manera colectiva por organizaciones de distintas regiones del país, fue dada a conocer en un contexto local donde, de acuerdo con testimonios de activistas, existen al menos entre 750 y 800 trabajadoras sexuales en la vía pública, sin contar a quienes ejercen en espacios cerrados o en plataformas digitales.
Foto: Christian Espadas
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La cartilla reconoce el trabajo sexual como una actividad lícita cuando se ejerce de manera libre, voluntaria y entre personas adultas, y subraya la obligación del Estado de garantizar los derechos humanos de quienes lo ejercen. El documento parte de la premisa de que las trabajadoras sexuales son sujetas de derechos y no objetos de persecución ni criminalización.
En ese sentido, se enfatiza que muchas de las violencias que enfrentan, incluidas agresiones físicas, sexuales e institucionales, están vinculadas al estigma social, la discriminación y la falta de regulación con un enfoque en los derechos humanos.
Durante la presentación se explicó que una parte importante de las mujeres que ofrecen servicios sexuales en Mérida no se asumen públicamente como trabajadoras sexuales, particularmente aquellas que laboran en bares, cantinas o centros nocturnos, donde suelen identificarse como meseras o bailarinas.
Esta falta de autoidentificación, se señaló, dificulta el acceso a información, acompañamiento y mecanismos de protección, incluso en casos de violencia sexual o riesgos a la salud, como infecciones de transmisión sexual.
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El contenido de la cartilla enumera derechos clave que deben ser garantizados, entre ellos el derecho a la igualdad y no discriminación, a una vida libre de violencia, a la salud, al trabajo digno, a la seguridad social y al acceso a la justicia.
También se incluyen derechos relacionados con la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad, como decidir sobre el propio cuerpo.
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Uno de los principales desafíos señalados es la distribución limitada de la cartilla, ya que actualmente existen pocos ejemplares impresos disponibles en el estado. También se mencionó la ausencia de una versión digital o de acceso abierto, lo que restringe su alcance.
A ello se suma la complejidad legal derivada de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, que, según lo explicó Muñeca Aguilar Martínez, fundadora de la coalición laboral Puteril (CLAP) y organizadora del comando transintersectorial en Yucatán, en esta ley puede interpretar la participación de terceros, como personal de hoteles, transporte o seguridad informal como un delito, aun cuando no exista explotación.
Foto: Agencia Presentes
La cartilla está dirigida exclusivamente a mujeres, incluidas mujeres trans reconocidas jurídicamente, lo que deja fuera a hombres y personas no binarias que también ejercen el trabajo sexual. No obstante, se destacó que el enfoque responde a que son las mujeres quienes enfrentan mayores niveles de violencia.
El reto, se señaló, es lograr que este instrumento sea reconocido y utilizado en más estados, así como avanzar en su difusión entre las propias trabajadoras sexuales, para que puedan identificar sus derechos y exigir su cumplimiento.
