Clara Rosales presenta iniciativa para eliminar la criminalización del VIH en Yucatán
La propuesta también considera que se garantice la protección integral de las personas que viven con VIH, dejando atrás disposiciones discriminatorias.
La diputada local buscar transformar el enfoque legal sobre el VIH. Foto: Cortesía
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En Yucatán, la diputada Clara Rosales Montiel presentó una iniciativa que busca transformar el enfoque legal sobre el VIH, eliminando disposiciones consideradas discriminatorias y fortaleciendo la protección de los derechos humanos. La propuesta plantea cambios en el Código Penal y en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, con el objetivo de garantizar un trato digno e incluyente para las personas que viven con el virus.
La iniciativa surge en un contexto donde el estado se mantiene entre los de mayor incidencia de VIH en México, lo que refuerza la necesidad de actualizar el marco legal bajo una perspectiva de salud pública y no punitiva.
¿Qué cambios propone la reforma sobre el VIH en Yucatán?
La propuesta legislativa contempla la derogación del artículo 189 del Código Penal del Estado, que actualmente tipifica el delito de “peligro de contagio”. Con esta modificación, se busca eliminar la criminalización de las personas que viven con VIH, al considerar que este enfoque no contribuye a prevenir la transmisión.
Además, se plantean reformas a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, con el fin de erradicar prácticas que vulneren los derechos de este sector de la población. El objetivo es consolidar un marco legal basado en la dignidad, la igualdad y el respeto.
También se propone actualizar el lenguaje jurídico para garantizar la protección de la privacidad, la orientación sexual y la identidad de género, promoviendo un trato justo en ámbitos como el laboral y educativo.
¿Por qué se busca eliminar el delito de “peligro de contagio”?
Durante su intervención en el Congreso del Estado, la diputada señaló que la criminalización del VIH responde a una lógica obsoleta que genera más perjuicios que beneficios. Este tipo de disposiciones, explicó, fomenta el estigma social y desincentiva que las personas se realicen pruebas de diagnóstico oportuno.
Al evitar el acceso temprano a servicios de salud, se incrementan los riesgos tanto para quienes viven con el virus como para la población en general. Por ello, especialistas y organismos de derechos humanos han insistido en la necesidad de adoptar un enfoque preventivo, educativo y basado en evidencia científica.
La propuesta cuenta con el respaldo de organizaciones civiles, activistas y especialistas en salud pública que participaron en su elaboración. Entre ellos se encuentran colectivos, instituciones de derechos humanos y profesionales vinculados a programas de atención al VIH en la entidad.
Durante la presentación en el Congreso, también asistieron personas que viven con VIH, quienes destacaron la importancia de avanzar hacia leyes que promuevan la inclusión y eliminen la discriminación.
A su iniciativa se adhirieron el diputado Julián Bustillos, de Morena; la diputada Itzel Falla, del Partido Acción Nacional; la diputada Larissa Acostó, de Movimiento Ciudadano; y la diputada sin partido Rossana Couoh Chan, reflejando un respaldo plural en favor de una legislación más justa e incluyente.