Universidades de Yucatán se suman a la huelga de maestros
Universidades en Yucatán inician huelga en apoyo a maestros que exigen la derogación de la Ley del ISSTEY. Conoce qué instituciones participan
Universidades Tecnológicas y Tecnológicos de Yucatán han iniciado una huelga en apoyo al movimiento magisterial, exigiendo la derogación de la Ley del ISSTEY, contratos colectivos de trabajo y la reinstalación de personal despedido presuntamente de manera injustificada.
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¿Qué instituciones yucatecas participan en la huelga?
La protesta involucra a trabajadores de la Universidad Tecnológica del Sur en Tekax, la Universidad Tecnológica del Mayab, la Universidad Tecnológica del Poniente en Maxcanú y el Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán (ITSSY) en Oxkutzcab. Todas estas instituciones forman parte de la SNES Yucatán (Subsistema Nacional de Educación Superior Tecnológica).
En un comunicado público, los docentes hicieron un llamado a la sociedad civil, medios de comunicación, estudiantes y familias a sumarse solidariamente a su causa. Califican esta protesta como una lucha legítima por la justicia laboral y la dignidad docente. Sumándose así a los maestros que se manifiestan en Yucatán.
“Nuestro compromiso con la educación pública de calidad y con el alumnado sigue firme, pero necesitamos estabilidad laboral para seguir formando profesionales con excelencia”, afirmaron.
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¿Cuáles son las demandas de los trabajadores?
Los manifestantes piden:
- Derogar la Ley del ISSTEY, por considerar que afecta sus derechos laborales.
- Establecer contratos colectivos de trabajo que garanticen condiciones laborales justas.
- Reinstalar al personal despedido, a quienes señalan como víctimas de despidos sin justificación legal.
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¿Qué propone la nueva Ley del ISSSTE?
La nueva Ley del ISSSTE, implementada en 2007 durante el gobierno de Felipe Calderón, transformó el sistema de pensiones para los trabajadores del Estado. La reforma reemplazó el modelo tradicional de reparto solidario —donde los trabajadores activos financiaban las pensiones de los jubilados— por un sistema de cuentas individuales administradas por Afores.
Este cambio implicó que los nuevos empleados del sector público comenzaran a cotizar en cuentas personales, y su pensión futura dependerá del ahorro acumulado durante su vida laboral. Además, se elevó la edad mínima de jubilación a los 65 años, modificando también los años de servicio requeridos.
Otro punto controversial fue la sustitución del salario mínimo como base de cálculo por la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que ha reducido el monto de las pensiones.
La ley también creó el organismo Pensionissste para administrar estas cuentas y estableció nuevos mecanismos como los bonos de pensión y ajustes en seguros de retiro y cesantía, lo cual ha generado diversas críticas entre los trabajadores del sector público.
Esta situación a causado que personal docente de varios niveles del estado se sumen a al paro nacional para de derogación de esta ley, considerada por lo docente como algo injusto.
