La propuesta también busca reforzar la protección de víctimas de violencia digital, fraude, chantaje y violación a la intimidad sexual con el uso de inteligencia artificial.
La Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso de Yucatán aprobó por unanimidad un dictamen que reforma diversas disposiciones del Código Penal estatal para fortalecer para combatir los delitos cometidos con inteligencia artificial y otras tecnologías.
El diputado morenista Daniel Enrique González Quintal, presidente de la Comisión, presentó observaciones y propuestas de modificación para enriquecer ambas iniciativas.
Foto: Congreso Yucatán
El dictamen busca adaptar las leyes de Yucatán al uso de nuevas tecnologías e inteligencia artificial. Con estos cambios, se pretende castigar con mayor fuerza a quienes utilicen estas herramientas para cometer delitos o afectar la privacidad de otras personas.
La reforma integra dos iniciativas presentadas por la diputada de Morena, Clara Paola Rosales Montiel, y el diputado del PRI, Gaspar Armando Quintal Parra. Ambas propuestas fueron analizadas en comisión y unificadas en un solo documento legislativo.
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La iniciativa impulsada por Rosales Montiel surgió a partir del Parlamento Juvenil 2025 y propone reformas al Código Penal en materia de violencia digital, violación a la intimidad sexual, chantaje y uso indebido de inteligencia artificial.
Por su parte, la propuesta de Quintal Parra plantea reformas relacionadas con el uso indebido de software de inteligencia artificial y establece agravantes en delitos como violación a la intimidad sexual, falsedad de declaraciones ante autoridad, chantaje y fraude.
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Además de atender los riesgos asociados al uso de inteligencia artificial, la reforma plantea fortalecer la protección de las víctimas de violencia digital y de violación a la intimidad sexual.
Con estos cambios, el Congreso local busca brindar mayores herramientas legales para sancionar conductas que vulneren la privacidad de las personas haciendo uso de nuevas tecnologías y mantener actualizado el marco jurídico frente a las nuevas formas de violencia en el entorno digital.
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