Colectivos LGBT pidieron investigar a la Patrulla Espiritual tras la difusión de videos donde aparece una mujer trans en situación vulnerable.
La Patrulla Espiritual, que recientemente estuvo envuelta en polémica por inaugurar una clínica en Mexicali presuntamente sin tener todos los documentos en regla, ahora enfrenta nuevas acusaciones.
En las últimas horas comenzó a circular un video donde presuntamente se vulneran los derechos humanos de una mujer trans que se encontraba en situación de calle en Tijuana.
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La polémica estalló tras la difusión de videos en redes sociales donde se observa a la clínica de rehabilitación cristiana denominada "Patrulla Espiritual", encabezada por Jesús Ignacio Osuna Torres, alias "El Chiquilín", interviniendo a una mujer trans que vivía en situación de calle.
En las imágenes se aprecia cómo los integrantes del grupocla abordan para trasladarla a uno de los centros de rehabilitación de la organización JIRET.
De acuerdo con el material publicado, fue sometida a un corte de cabello forzado y se le impuso vestimenta masculina, bajo un discurso de "corrección" espiritual.
Estas acciones, que los grupos de ayuda presentan como un "rescate" para sacar a la gente de las adicciones, han sido señaladas por diversos sectores como actos de humillación pública, debido a que la víctima fue expuesta ante miles de seguidores en plataformas digitales mientras se hacían comentarios sarcásticos sobre su apariencia.
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Colectivos LGBTIQ+ han señalado preocupación por prácticas relacionadas con supuestas “terapias” de conversión. Foto: Facebook / Patrulla Espiritual 01
El Comité Orgullo Mexicali publicó un posicionamiento donde calificó como preocupantes los videos difundidos por la agrupación de rehabilitación.
En el documento, el colectivo afirmó que lo ocurrido con una mujer trans en situación de calle no puede verse únicamente como una acción de ayuda social, sino como posibles actos que podrían encajar en prácticas prohibidas por la ley en Baja California.
El comité señaló directamente que las intervenciones mostradas en los videos podrían representar intentos de terapias de conversión o Esfuerzos para Corregir o Cambiar la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG), prácticas que actualmente están prohibidas en el estado por considerarse violatorias de derechos humanos y de la dignidad de las personas.
Entre los puntos que expusieron, denunciaron que presuntamente se intentó obligarla a adoptar una apariencia masculina mediante cambios de ropa, corte de cabello y discursos de “corrección espiritual”.
Según el colectivo, estas acciones buscarían borrar la identidad de género de la mujer trans involucrada, además de exponerla públicamente frente a redes sociales.
El documento también menciona que integrantes de la agrupación presuntamente realizaron comentarios de tono sexual y burlas sobre la apariencia de la mujer, situación que calificaron como degradación y acoso simbólico.
El Comité considera que el problema no solo radica en la exposición mediática, sino en la manera en que este tipo de contenidos se viralizan mientras una persona vulnerable es utilizada como espectáculo en plataformas digitales.
Además, acusaron que la agrupación presuntamente realiza “levantamientos” de personas en situación vulnerable sin regulación clara, lo que —según señalaron— podría derivar en privación ilegal de la libertad y afectaciones emocionales o psicológicas.
En el posicionamiento exigieron a la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE BC) investigar posibles delitos relacionados con terapias de conversión, delitos de odio y privación ilegal de la libertad.
También pidieron a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California y al Gobierno del Estado revisar si este tipo de agrupaciones reciben respaldo institucional o financiamiento público.
Teniendo en cuenta que Mexicali es una de las entidades con mayor inseguridad de acuerdo a la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El comité además solicitó que se detenga la difusión de los videos donde aparece la mujer trans, al considerar que continúan vulnerando su dignidad.
A esta postura también se sumó Susana Barrales Honorato, directora de La Casita de U.T. A.C., quien dirigió un documento directamente a “El Chiquilín”, al Centro de Rehabilitación JIREH y a la clínica de rehabilitación cristiana.
En su escrito reconoció que algunas agrupaciones religiosas pueden tener diferencias ideológicas con la diversidad sexual y de género, pero señaló que eso no justifica obligar a una persona LGBT a abandonar su identidad.
La directora afirmó que intentar modificar o suprimir la identidad de género de una persona entra dentro de lo que el Código Penal de Baja California considera terapias de conversión.
Incluso mencionó que este tipo de prácticas han sido señaladas por organismos internacionales como formas de violencia y tortura psicológica.
Barrales Honorato también expresó preocupación por la exposición pública de una mujer trans en situación de calle y señaló que la dignidad humana debe formar parte de cualquier proceso relacionado con atención de adicciones o rehabilitación.
En el documento, pidió abrir diálogo sobre este tipo de casos y reiteró que cualquier intervención hacia personas vulnerables debe realizarse bajo un enfoque de respeto a derechos humanos.
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Imagen difundida en redes muestra el momento en que una mujer trans es subida a un vehículo en Tijuana. Foto: Facebook / Patrulla Espiritual 01
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Ante la presión social y la difusión del caso, representantes del Gobierno Municipal y regidores de Baja California fijaron su postura.
Alfredo Wong, regidor con acción afirmativa LGBTIQ+ en el Ayuntamiento de Mexicali, exigió a la Fiscalía General del Estado una investigación exhaustiva para determinar si hubo violaciones a la ley.
Señaló que en los videos se escuchan expresiones que, desde su perspectiva, no solo discriminan, sino que vulneran la dignidad de personas de la diversidad sexual y de género.
El funcionario expresó preocupación por el alcance mediático que tiene este tipo de agrupaciones y advirtió que la difusión constante de estos contenidos puede normalizar conductas que afectan a sectores históricamente vulnerables.
Por ello, pidió que las acciones mostradas en redes sociales sean revisadas por las autoridades correspondientes para determinar si existieron violaciones a la ley y, en caso de confirmarse, aplicar sanciones. También afirmó que permanecerá atento para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse en Mexicali.
En su posicionamiento hizo un llamado a la empatía y a la solidaridad, además de señalar que agrupaciones con impacto social deberían capacitarse y revisar la manera en que realizan sus intervenciones con personas en situación vulnerable.
Al mismo tiempo, aclaró que mantiene disposición para colaborar tanto con “Patrulla Espiritual” como con otras asociaciones civiles que trabajen con personas en situación de calle o con problemas de adicciones, siempre que las acciones se desarrollen bajo un enfoque de derechos humanos y salud comunitaria.
El regidor también sostuvo que la atención hacia personas vulnerables no debería separarse del respeto a su integridad y dignidad.
Por su parte, las organizaciones civiles han solicitado a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHBC) investigar si estos centros de rehabilitación reciben financiamiento público o algún tipo de respaldo institucional.
Mientras tanto, autoridades de la fiscalía deberán investigar si las acciones y métodos utilizados por la clínica de rehabilitación podrían representar delitos como privación ilegal de la libertad o actos que vulneren la integridad de las personas.
El caso también volvió a poner sobre la mesa la falta de apoyo y atención hacia personas que viven en situaciones de vulnerabilidad extrema, una problemática que desde hace tiempo han señalado colectivos y grupos sociales, entre ellos madres buscadoras de Mexicali.
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