Diputadas y diputados de BCS avalaron cambios constitucionales para que México cuente con una ley general en materia de feminicidio.
El Congreso de Baja California Sur aprobó una reforma constitucional en materia de feminicidio con la que se busca establecer reglas comunes en todo el país para investigar, perseguir y sancionar este delito.
La medida fue respaldada por diputadas y diputados de la XVII Legislatura durante una sesión extraordinaria, donde el dictamen recibió votación unánime. Con ello, Baja California Sur se suma al proceso nacional para fortalecer el marco legal en esta materia.
Entre los objetivos centrales está contar con criterios homogéneos en las entidades federativas y reforzar la protección de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso a la justicia.
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Las y los legisladores avalaron la reforma al artículo 73, fracción XXI, inciso a, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta modificación otorga facultades al Congreso de la Unión para expedir una Ley General en Materia de Feminicidio, la cual deberá contener como mínimo los tipos penales, sanciones y bases para la investigación y persecución del delito en todo México.
Diputadas y diputados de Baja California Sur aprobaron por unanimidad la reforma constitucional en materia de feminicidio. Foto: CongresoAhora BCS
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De acuerdo con el dictamen, el propósito es crear un marco jurídico homogéneo que permita mayor eficacia y eficiencia en el combate al feminicidio.
También pretende fortalecer la coordinación entre instituciones, mejorar las políticas públicas y avanzar hacia una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia.
Durante la discusión, el diputado Eduardo Yayo Van Wormer Castro señaló que la reforma permitirá una protección más efectiva de los derechos humanos de las mujeres y mejores condiciones de acceso a la justicia.
La modificación busca homologar en todo México la tipificación, investigación y sanción del delito de feminicidio. Foto: CongresoAhora BCS
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El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación correspondiente en un plazo de 180 días naturales posteriores a la entrada en vigor del decreto.
Mientras eso ocurre, continuará vigente el marco jurídico actual en cada una de las entidades federativas.
Durante la sesión intervinieron diputadas de distintas fuerzas políticas.
Arlene Moreno llamó a garantizar la correcta aplicación de las leyes por parte de las autoridades encargadas de impartir justicia.
Por su parte, Lupita Saldaña consideró positiva la reforma, aunque advirtió que una ley sin presupuesto suficiente podría limitar resultados.
En tanto, Karina Olivas coincidió en la importancia de destinar recursos para que las autoridades cuenten con herramientas para combatir este delito.
