El colectivo BCSicletos intervino una banqueta en La Paz para abrir paso a personas con discapacidad y ciclistas.
Además del colapso en el Registro Agrario Nacional en Baja California Sur, integrantes del colectivo BCSicletos rompieron una guarnición en el libramiento Daniel Roldán para habilitar una rampa de acceso a personas con discapacidad y ciclistas.
La acción ocurrió el pasado 7 de abril como protesta ante la falta de infraestructura segura en la zona del puente de la colonia 8 de Octubre.
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La decisión de intervenir la vía pública nació tras documentar las dificultades que enfrentan quienes usan silla de ruedas en el área conocida como el puente "Mano Amiga".
Los activistas grabaron y compartieron videos donde se observa a un hombre en silla de ruedas atrapado en una banqueta sin salida, obligado a dar vueltas sin poder bajar a la calle de forma segura.
Ante la falta de respuesta de las autoridades, el grupo llevó herramientas para quitar parte del concreto y abrir un paso que permita la circulación.
Los miembros de BCSicletos explicaron que esta obra busca señalar la exclusión que viven los peatones y ciclistas en una de las zonas más transitadas de la capital.
Según el colectivo, el diseño actual de las banquetas en el libramiento Daniel Roldán bloquea el paso y pone en riesgo a las personas al obligarlas a bajar al arroyo vehicular en una zona de alta velocidad.
Para los activistas, abrir este espacio no es un acto de daños a la propiedad, sino una forma de ejercer el derecho a moverse sin barreras físicas.
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Foto: Facebook / Cesar Hiram Aragon
Mientras los jóvenes trabajaban en la rampa, elementos de la Policía Municipal de La Paz arribaron al sitio para detener las labores.
Los agentes intervinieron bajo el argumento de que no se pueden realizar modificaciones en la infraestructura urbana sin los permisos correspondientes de la dirección de obras públicas.
Debido a la llegada de las patrullas, los integrantes del colectivo tuvieron que detener la actividad, por lo que la rampa quedó incompleta y el concreto roto sobre el acotamiento.
En sus redes sociales, el grupo aclaró que su intención era hacer un "pequeño trabajo" para que las autoridades noten el problema y lo arreglen de forma definitiva.
Aseguraron que la ciudad está diseñada para los autos y olvida a quienes caminan o usan transporte no motorizado. Tras la llegada de los oficiales, el colectivo insistió en que la comunidad tiene que abrir paso cuando el gobierno deja obras que estorban en lugar de ayudar a la movilidad.
Un ejemplo es el de la Glorieta de las Mujeres Libres, en Los Cabos, que sigue en construcción y también ha generado problemas para el tránsito de personas.
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A diferencia de lo que se mencionó durante la protesta, el derecho a la movilidad en el estado no se encuentra en el artículo 4, sino en el artículo 7 de la Constitución de Baja California Sur.
Esta reforma reciente reconoce que todas las personas deben contar con las condiciones necesarias para trasladarse por las calles de manera digna.
La ley local establece que el sistema de transporte y el diseño de las vialidades deben dar prioridad a la seguridad y la inclusión.
Los puntos clave que establece la ley estatal son:
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Foto: Facebook / El Informante Baja California Sur
Aunque la intención del colectivo fue mejorar la accesibilidad, las leyes municipales prohíben que los ciudadanos alteren las guarniciones o banquetas por cuenta propia.
El reglamento de imagen urbana y construcción señala que cualquier cambio en la vía pública requiere un dictamen técnico para evitar daños a tuberías o cables subterráneos.
Estas acciones pueden generar multas administrativas o incluso arrestos si la autoridad considera que se trata de vandalismo contra el patrimonio municipal.
Sin embargo, los activistas defienden su postura argumentando que la negligencia del gobierno al construir banquetas altas y sin rampas también es una falta a la ley constitucional.
BCSicletos sostiene que la urgencia de salvar vidas y permitir el libre tránsito justifica la intervención civil cuando las instituciones son lentas o ineficaces.
La organización espera que este acto obligue a las autoridades municipales, estatales o federales a ser más sensibles ante las necesidades de quienes usan sillas de ruedas en zonas tan peligrosas como el puente de la 8 de Octubre.
El área donde ocurrió la protesta es una de las arterias viales con mayor flujo de autos en La Paz, lo que la hace crítica para la seguridad peatonal.
La falta de rampas y señalización clara convierte los traslados diarios en una tarea difícil para grupos vulnerables. Los videos compartidos por la organización muestran que, a pesar de contar con iluminación y pavimentación reciente, el diseño no incluyó los criterios de accesibilidad universal que exige la norma vigente.
Para que una zona sea considerada incluyente, debe cumplir con:
Actualmente, el tramo intervenido permanece con los rastros de la obra inconclusa, mientras tanto, el colectivo espera a que el gobierno municipal termine de construir la rampa en lugar de simplemente reparar la guarnición que bloqueaba el paso.
Esto cumpliendo así con lo que dicta el artículo 7 de la constitución estatal sobre el derecho a una movilidad de calidad.
Otra obra que también causó protestas fue la carretera a El Centenario, debido a fallas y riesgos para quienes la utilizan.
