En medio de bloqueos carreteros y reclamos ciudadanos, la delegación de El Pescadero reiteró que el caso Saúl Castro es un asunto exclusivo de la Procuraduría estatal.
La delegada de El Pescadero y otras autoridades locales se deslindaron públicamente de la investigación del caso de Saúl Castro, al asegurar que se trata de un asunto que corresponde exclusivamente a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Durante una entrevista con medios a pregunta expresa por POSTA, el funcionaria reiteró en varias ocasiones que no puede brindar información sobre el avance del caso, los acercamientos con la familia ni las acciones relacionadas con las protestas que se han registrado en la comunidad, argumentando que “no es un tema que me competa” y que “ya es un tema legal que está llevando la procuraduría”.
Las declaraciones se dieron tras los reclamos ciudadanos y señalamientos directos por la falta de información pública, luego de que Saúl Castro falleciera tras permanecer varios días hospitalizado a consecuencia de la agresión ocurrida el 25 de diciembre en El Pescadero.
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Al ser cuestionado sobre si existe algún avance en las investigaciones, el funcionario respondió que lo desconoce y que cualquier información debe solicitarse directamente al procurador, ya que la investigación no está dentro de su jurisdicción.
“Yo no tengo nada que decir al respecto. Es un tema de la procuraduría”, reiteró, incluso sobre el ambiente que se vive actualmente en la comunidad y los bloqueos carreteros realizados por familiares y habitantes del poblado.
Sobre las manifestaciones, reconoció que sí ha habido bloqueos, pero precisó que la atención de la vía federal corresponde a la Guardia Nacional, deslindando nuevamente a la delegación de cualquier gestión relacionada con ese tema.
Foto: El Zalate Noticias / Facebook
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Tras la agresión y el posterior fallecimiento de Saúl Castro, familiares y habitantes de El Pescadero iniciaron una serie de protestas y bloqueos carreteros sobre la vía Transpeninsular, como medida de presión ante la falta de detenciones y de avances públicos en la investigación.
Las manifestaciones incluyeron cierres intermitentes que generaron afectaciones al tránsito en el tramo Cabo San Lucas–Todos Santos.
La familia ha señalado que estas acciones buscan visibilizar el caso y evitar que quede impune, además de exigir la detención de los agresores, mayor transparencia en el proceso y garantías de seguridad, al advertir que algunos de los presuntos responsables continúan en libertad dentro de la comunidad.
Al respecto, Francisco Javier Álvarez Cota, coordinador de las delegaciones, indicó que desconoce los avances de la investigación y que cualquier información debe solicitarse directamente al procurador.
“Yo no tengo nada que decir al respecto. Es un tema de la procuraduría”, afirmó, incluso sobre los bloqueos realizados por familiares y habitantes del poblado. Señaló que la atención de la vía federal corresponde a la Guardia Nacional y que la delegación no tiene participación en la gestión de las manifestaciones.
Foto: Cortesía
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El caso de Saúl Castro se remonta a la noche del 25 de diciembre de 2025, cuando fue agredido de forma violenta en la comunidad de El Pescadero, en el municipio de La Paz.
De acuerdo con lo informado por familiares y autoridades, Saúl fue atacado por un grupo de personas cerca de una taquería ubicada sobre la carretera Transpeninsular.
Testigos señalaron que no se trató de una riña, sino de un ataque directo y desigual, en el que participaron varias personas que lo golpearon presuntamente con objetos contundentes.
Tras la agresión, Saúl fue trasladado de emergencia a un hospital, donde permaneció 20 días en estado crítico, con lesiones severas en el cráneo, el rostro y otras partes del cuerpo.
Foto: El Zalate Noticias / Facebook
El 15 de enero de 2026 se confirmó su fallecimiento, lo que cambió el estatus legal del caso a homicidio, quedando formalmente bajo investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
En este contexto, y al ser cuestionado sobre los acercamientos con la familia y los bloqueos carreteros registrados en la zona, Francisco Javier Álvarez Cota, coordinador de las delegaciones, reiteró que se trata de un tema que compete únicamente a la procuraduría. “Ese es un tema legal que corresponde a la procuraduría”, afirmó.
Añadió que, aunque la delegación tiene obligaciones de transparencia, no puede intervenir en un asunto que ya es competencia exclusiva de la PGJE.
