Ante el aumento de fraudes relacionados con programas sociales analizan cambios al Código Penal para castigar este tipo de delitos.
Ante el aumento de fraudes relacionados con programas sociales en Baja California Sur, especialmente los que circulan en redes sociales y plataformas digitales, el Congreso del Estado analiza cambios al Código Penal para castigar este tipo de delitos.
De acuerdo con la diputada Karina Olivas Parra, la propuesta busca sancionar a quienes utilicen páginas falsas, mensajes o enlaces para engañar a personas que buscan acceder a apoyos gubernamentales.
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La funcionaria presentó una iniciativa para tipificar de manera específica el delito de fraude en materia de programas sociales dentro del Código Penal para el estado.
La propuesta legislativa busca sancionar a quienes utilicen la imagen de apoyos institucionales federales, estatales o municipales para engañar a la población, principalmente a través de plataformas digitales, redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp.
La legisladora explicó que el proyecto contempla un incremento de hasta una tercera parte en las penalidades del delito de fraude, las cuales actualmente van de tres a diez años de prisión.
Esta agravante se aplicará cuando los engaños afecten directamente a sectores vulnerables de la población, tales como personas adultas mayores, personas con discapacidad, comunidades indígenas o ciudadanos de escasos recursos económicos.
La diputada señaló que las leyes actuales en el estado todavía no castigan de manera específica este tipo de fraudes digitales, por lo que considera necesario aplicar sanciones contra quienes crean o compartan páginas, enlaces y formularios falsos para robar datos personales o dinero de la ciudadanía.
Además de los fraudes relacionados con programas sociales, en los últimos meses también se han detectado otras estafas en internet, como falsas ofertas de empleo que utilizan redes sociales y aplicaciones de mensajería para engañar a las personas.
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Foto: Biblioteca Canva
El desarrollo de este tipo de ilícitos se realiza mediante esquemas de extorsión, suplantación de identidad y engaños financieros dirigidos a personas en situación de necesidad.
Los infractores emplean diversas modalidades tecnológicas y presenciales para interceptar el patrimonio de los usuarios:
Estos sitios solicitan el llenado de formularios para recopilar números de cuenta, identificaciones oficiales y contraseñas bancarias.
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Foto: Biblioteca Canva
La prevención de fraudes digitales requiere que los ciudadanos identifiquen las reglas de operación de los apoyos institucionales, los cuales son estrictamente gratuitos y no requieren de intermediarios o gestores externos.
Las autoridades locales y federales recomiendan revisar que las direcciones de internet correspondan a dominios gubernamentales verificados que terminen en la extensión ".gob.mx".
Además de evitar la entrega de datos personales como la CURP o números de tarjeta a través de enlaces recibidos por mensajería privada.
En caso de recibir llamadas, mensajes o publicidad que prometa la entrega inmediata de dinero a cambio de una tarifa, se debe suspender la comunicación y realizar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado o las líneas de atención ciudadana del gobierno local.
Además, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) mantiene vigilancia constante en internet para detectar páginas falsas que usan la imagen de programas sociales y pedir que sean eliminadas.
También colabora con plataformas digitales para detectar y bloquear este tipo de engaños, además de reforzar la seguridad en internet para proteger a los usuarios.
Las autoridades también han alertado sobre otros engaños que afectan a la población en Baja California Sur, como las aplicaciones de préstamos que solicitan
