El Gobierno del Estado confirmó el inicio de una investigación en contra de un servidor público adscrito a la Dirección General de Informática.
El caso fue dado a conocer por el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, quien señaló que el expediente ya fue turnado a instancias de investigación para su análisis.
De acuerdo con lo expuesto en conferencia de prensa, el señalamiento surgió tras la detección de bienes que no habrían sido congruentes con los ingresos reportados por el funcionario, lo que derivó en la apertura de una investigación formal.
Entre las acciones ya confirmadas se encuentran:
El caso ya se encuentra bajo análisis de la Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur, instancia encargada de integrar la carpeta de investigación y dar seguimiento a posibles responsabilidades administrativas o penales.
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A este proceso se suma la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera, que revisa flujos financieros, operaciones bancarias y posibles movimientos patrimoniales vinculados al servidor público.
El objetivo de ambas instancias es determinar si existe o no correspondencia entre los ingresos declarados y los bienes detectados.
Fiscal anticorrupción, Lenin Ortiz Amao. Foto: Facebook.
Uno de los puntos confirmados por el propio Gobernador fue el aseguramiento de dos vehículos vinculados al caso, como parte de las medidas derivadas de la investigación.
El mandatario explicó que el origen del procedimiento está relacionado con la detección de un vehículo de alto valor y otros bienes bajo revisión.
“Tenía un carro de 5 millones… ahorita logramos quitarle 2”, declaró al referirse a las acciones ya ejecutadas dentro del caso.
De acuerdo con lo informado, existen otros bienes que continúan bajo revisión por parte de las autoridades correspondientes.
El funcionario será investigado formalmente; no dan las cuentas. Foto: Rocío Casas.
Como parte del proceso administrativo, el funcionario será separado de su cargo en la Dirección General de Informática.
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El Gobierno del Estado confirmó que ya inició el procedimiento de entrega-recepción, con la instrucción de concluirlo a más tardar el último día de mayo.
El objetivo es permitir que la investigación avance sin interferencias administrativas y garantizar el seguimiento institucional del caso.
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El Gobernador insistió en que el proceso debe conducirse bajo el principio de presunción de inocencia, por lo que el servidor público tendrá oportunidad de aclarar el origen de su patrimonio.
Sin embargo, también subrayó que la administración estatal no puede omitir posibles irregularidades y debe actuar conforme a la ley.
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“Si son inocentes, que se defiendan, pero mi obligación es no ser omiso”, expresó durante la conferencia.
La investigación continúa en curso mientras las autoridades integran la información patrimonial, financiera y administrativa del caso.
