Un reportaje de The New York Times explica que Marina del Pilar se encuentra bajo revisiones e indagatorias en Estados Unidos.
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, es mencionada en reportes sobre revisiones en Estados Unidos, luego de que ella misma confirmó que su exesposo, Carlos Torres, está bajo investigación por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con un reportaje de The New York Times, varias figuras de la política mexicana aparecen en revisiones, expedientes y medidas administrativas que llevan autoridades estadounidenses.
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De acuerdo con información difundida recientemente, el nombre de la gobernadora aparece mencionado en revisiones que realizan autoridades de Estados Unidos, las cuales buscan seguir movimientos de dinero y posibles vínculos relacionados con delitos como lavado de dinero y tráfico de armas.
Estas revisiones forman parte de procesos de análisis de información y no significan, por sí mismas, que exista una acusación formal. Esto, se recuerda que en mayo de 2025 Estados Unidos canceló la visa de turista de la gobernadora y de quien entonces era su esposo.
Se trató de una decisión administrativa, un tipo de medida que suele aplicarse cuando hay revisiones abiertas, incluso sin que exista un proceso penal en curso.
El medio que dio a conocer esta información aclara que ser mencionado en estos reportes no implica culpabilidad, ya que se trata de revisiones internas y cruces de datos, no de juicios ni sentencias.
En el caso de la gobernadora, lo que se señala son restricciones migratorias y referencias dentro de investigaciones, sin que se hable de cargos formales en su contra.
Foto: Facebook / Marina del Pilar
Las indagatorias, según se indica, siguen en curso y se enfocan en posibles vínculos, así comomovimientos que están bajo observación de agencias de seguridad y justicia de norteamericana.
Este no es el primer episodio que la pone en el ojo público, ya que a inicios de 2025 recibió críticas tras asistir a un concierto y cantar narcocorridos, un hecho que generó debate, aunque no derivó en acciones legales.
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El reportaje amplía el panorama y explica que no es un caso aislado; asimismo, se mencionan otros políticos mexicanos que también figuran en investigaciones o revisiones en Estados Unidos, todos con alcances distintos.
Entre ellos aparecen Rubén Rocha Moya, Alfonso Durazo, Adán Augusto López, Alfredo Ramírez Bedolla y Mario Delgado.
En cada caso, el diario hace la misma precisión, ser mencionado en una investigación no equivale a estar acusado. Algunos nombres aparecen por relaciones indirectas, otros por hechos de seguridad ocurridos en sus estados o por vínculos de terceros que están bajo revisión.
El texto insiste en diferenciar entre una indagatoria, un trámite administrativo y una acusación penal, para evitar confusiones.
Foto: Facebook / Marina del Pilar
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La gobernadora ha dicho de forma pública que quien sí está bajo investigación es su expareja, en revisiones que realizan autoridades federales en México y que también tienen relación con agencias de Estados Unidos.
Según la información publicada por un medio nacional, estas revisiones están ligadas a posibles delitos como tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero.
Además, ha aclarado que las investigaciones no son en su contra, aunque los reportes explican que la relación personal y algunos movimientos de dinero forman parte del contexto que analizan las autoridades. Es decir, su nombre aparece dentro de los informes, pero no como persona acusada.
El tema cobró mayor atención pública después de que en 2025 le fuera retirada la visa estadounidense, tanto a ella como a su entonces esposo, lo que hizo que el caso tuviera mayor visibilidad y aumentaran las exigencias de seguimiento y claridad sobre las revisiones.
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De acuerdo con el medio, las investigaciones siguen abiertas, no existen cargos formales contra la gobernadora y las menciones deben entenderse como parte de revisiones más amplias que realizan autoridades de Estados Unidos sobre figuras públicas de México.
A raíz de los señalamientos relacionados con su expareja, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción pidió que la funcionaria se separara del cargo de manera temporal mientras continúan las revisiones.
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