La agrupación publicó un video tras las denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos de una mujer trans en Tijuana.
La clínica de rehabilitación cristiana conocida como “Patrulla Espiritual” volvió a quedar en medio de la polémica luego de que se difundieran videos donde aparecen interviniendo a una mujer trans en situación de calle en Tijuana.
El caso comenzó a generar reacciones a nivel estatal por la manera en que este grupo actúa con personas en condiciones vulnerables y por los señalamientos de presuntas violaciones a los derechos humanos de integrantes de la comunidad LGBT.
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Jesús Ignacio Osuna Torres, conocido como "El Chiquilín" y líder de la organización, enfrenta señalamientos directos por parte de colectivos y autoridades.
La controversia surgió luego de que se hiciera viral el momento en que el grupo aborda a una mujer trans en situación de calle para trasladarla a uno de los centros de rehabilitación JIRET.
Según las imágenes, la persona fue sometida a un corte de cabello y obligada a usar ropa masculina bajo un discurso religioso, lo que desató acusaciones de privación ilegal de la libertad y la aplicación de terapias de conversión, prácticas que están prohibidas por la ley en Baja California.
Tras las críticas, la agrupación publicó un video donde aparecen los padres de la mujer trans (identificada en la grabación como Manuel) para respaldar las acciones del centro.
En el material, "El Chiquilín" asegura que su único interés es ayudar a las personas a dejar las drogas y afirma que tiene a personas con distintas preferencias sexuales en todas sus clínicas.
"Yo estoy en contra de la burla dentro de las instalaciones. Que mi manera de hablar pues ese soy yo, pero el fin es ayudar a una madre a dejar de sufrir", declaró el líder del grupo.
Durante la grabación, el padre de la joven expresó su deseo de entender el comportamiento de su hija, mencionando que "no tenía esos comportamientos cuando no estaba consumiendo".
Por su parte, el responsable de la clínica insistió en que el consumo de sustancias "descoyunta la mente" y saca versiones de las personas que no son reales.
Hacia el final del video, los padres firmaron un documento de consentimiento mientras Osuna Torres les explicaba que solamente ellos podían autorizar la salida del centro, también pidió que le dieran un mes para observar resultados con el tratamiento médico que acababan de iniciar.
Sin embargo, esta no es la única polémica que enfrenta la clínica, hace poco también se dio a conocer la apertura de una nueva sucursal en Mexicali, la cual, según informó la alcaldesa Norma Alicia Bustamante Martínez, no cuenta con la documentación en regla.
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Videos difundidos por Patrulla Espiritual desataron críticas por la forma en que fue intervenida una mujer trans en Tijuana. Foto: Facebook / Patrulla Espiritual 01
El conflicto inició cuando circularon videos donde se observa a integrantes de la Patrulla Espiritual realizando lo que ellos llaman un "rescate".
En las grabaciones se ve cómo suben a la mujer trans a un vehículo para llevarla a rehabilitación; sin embargo, lo que generó indignación fue la exposición pública y los cambios forzados en su apariencia física, ya que colectivos denunciaron que se le impuso una identidad masculina a la fuerza, ignorando su identidad de género.
Activistas señalaron que estas acciones no son ayuda social, sino actos de humillación, degradación y denunciaron que, además del corte de cabello forzado, los integrantes del grupo hicieron comentarios sarcásticos y de tono sexual sobre la apariencia de la víctima frente a miles de seguidores en redes sociales.
Para los defensores de derechos humanos, este tipo de intervenciones encajan en los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), conocidos comúnmente como terapias de conversión, las cuales son consideradas una forma de tortura psicológica por organismos internacionales.
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Colectivos y autoridades pidieron investigar las acciones de Patrulla Espiritual tras la difusión de videos en redes sociales. Foto: Facebook / Patrulla Espiritual 01
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El Comité Orgullo Mexicali y la directora de La Casita de U.T. A.C., Susana Barrales, exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) una investigación por posibles delitos de odio, discriminación y privación ilegal de la libertad.
Los colectivos subrayaron que la libertad de credo no justifica violar la dignidad de las personas ni intentar borrar su identidad, también pidieron a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos revisar si estas clínicas reciben recursos públicos o algún tipo de respaldo oficial.
Por parte del gobierno, el regidor Alfredo Wong, integrante de la comisión de asuntos LGBTIQ+ en Mexicali, pidió formalmente a la FGE que investigue a fondo lo ocurrido.
Sobre este tema, la fiscal estatal María Elena Andrade Ramírez declaró recientemente en conferencia de prensa que ya existe una investigación abierta contra el grupo, aunque hasta el momento no se ha presentado una denuncia formal.
El funcionario señaló que la difusión de estos videos en redes sociales puede provocar que se normalicen conductas violentas contra personas en situación vulnerable.
Aunque dijo estar dispuesto a dialogar con asociaciones dedicadas a atender adicciones, dejó claro que cualquier intervención debe realizarse bajo criterios de salud y respeto a los derechos humanos.
También advirtió que las autoridades estarán pendientes para evitar que este tipo de “levantamientos” sin regulación continúen ocurriendo en Mexicali, una ciudad que constantemente aparece entre las de mayor percepción de inseguridad en el país.
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