La FGE de Baja California informó que ya existe una denuncia penal contra la Patrulla Espiritual por el caso de la mujer trans en Tijuana.
La reciente intervención de la agrupación conocida como “Patrulla Espiritual” en Tijuana ha llegado a instancias legales y gubernamentales, luego de la difusión de un video en el que se observa el traslado forzado de una mujer trans, identificada como Karime, a un centro de rehabilitación.
Lo que en un inicio circuló como un contenido viral en redes sociales, ahora es materia de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) y de organismos de derechos humanos.
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La Fiscalía del Estado confirmó que existe una denuncia penal formal con el número de expediente NUC 04/2026/14466, por el delito de privación ilegal de la libertad y lo que resulte.
La fiscal general, María Elena Andrade Ramírez detalló que la investigación inició a petición de colectivos de la diversidad sexual, quienes presentaron como prueba videos.
En ellos, se observa a integrantes de la agrupación obligar a la víctima, identificada como Karime Emmanuel Ceballos, a subir a un vehículo, ignorando sus súplicas y con apoyo de empleados de negocios cercanos para someterla.
Por su parte, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), Jorge Álvaro Ochoa Orduño, informó que se abrió un expediente de oficio por posibles violaciones a la dignidad humana.
Como medida inicial, se emitieron acciones cautelares dirigidas a la Secretaría de Salud para revisar el estado físico y psicológico de la Karime, además de garantizar que no sea sometida a tratos crueles.
Personal de la comisión ya entrevistó a la mujer trans dentro del centro de rehabilitación “Jireh”; aunque ella aseguró encontrarse bien físicamente, el organismo continúa con la inspección del lugar, ya que otra persona que estuvo internada previamente presentó una queja por presunta violencia en esas instalaciones.
Sin embargo, el centro de rehabilitación religioso ha negado las acusaciones, incluidas las relacionadas con el presunto secuestro de Karime y la aplicación de terapias de conversión.
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Organismos de derechos humanos revisan actuación de grupo tras denuncia en Tijuana Foto: Patrulla Espiritual
La Asamblea Nacional Trans No Binaria y otros colectivos han señalado que el trato hacia la víctima podría encuadrarse como “Esfuerzo para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género” (ECOSIG), una práctica prohibida y considerada delito en Baja California.
De acuerdo con los activistas, en los videos difundidos por la propia organización se observa que la mujer trans es referida constantemente con pronombres masculinos, a pesar de su identidad de género, lo que consideran actos de humillación y violencia moral.
Ante estas denuncias, la Sindicatura Procuradora de Tijuana sostuvo una reunión con representantes de la comunidad LGBTQ+, entre ellos Susana Barrales, para establecer un compromiso de supervisión más estricta a las asociaciones civiles.
El ayuntamiento advirtió que cualquier organización que reciba recursos públicos o apoyos municipales debe cumplir con la ley y respetar los derechos humanos, ya que de lo contrario podrían retirarse los subsidios si se comprueban malas prácticas.
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Caso genera debate sobre intervención de agrupaciones en personas con adicciones. Foto: Patrulla Espiritual
En medio de las denuncias de colectivos, la madre de la presunta víctima trasladada salió en defensa de la agrupación religiosa.
La mujer aseguró que su hija, a quien ella identifica como hombre, pasó alrededor de un año en situación de calle debido a problemas de adicción, sin que según dijo, ninguna autoridad o colectivo interviniera para ayudarla.
Afirmó que ella autorizó el internamiento y que prefiere verla en un centro de rehabilitación antes que en el Servicio Médico Forense (Semefo), donde dijo haberla buscado anteriormente.
La madre también acusó a los colectivos de buscar visibilidad con el caso y reiteró que, como progenitora, considera tener la decisión sobre su tratamiento.
Por su parte, la fiscalía señaló que, aunque la familia respalde la estancia en el lugar, continúa la investigación sobre la forma en que ocurrió el traslado.
También una posible privación ilegal de la libertad está en curso, ya que el consentimiento de un tercero no justifica el uso de fuerza física para trasladar a una persona adulta.
Además, la organización enfrenta otro señalamiento paralelo por parte del Ayuntamiento de Mexicali, relacionado con su nueva sede en ese municipio, la cual presuntamente no cumple con la normativa correspondiente.
