Proponen suspensión preventiva obligatoria a docentes investigados por delitos sexuales en BCS
El Congreso de Baja California Sur recibió una iniciativa para adicionar el Artículo 46 Bis a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios.
El Congreso del Estado de Baja California Sur recibió una iniciativa con proyecto de decreto que busca fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes dentro del sistema educativo, mediante la creación de una figura de suspensión preventiva obligatoria para personal del sector educativo que sea investigado por presuntos delitos sexuales, violencia o maltrato.
La propuesta fue presentada por el diputado Venustiano Pérez Sánchez, integrante de la fracción parlamentaria de Morena por el XIII Distrito, mismo quien buscó cambiar la forma en que los partidos postulan a sus candidatas y candidatos.
Cerrar vacíos legales en la protección de menores
La iniciativa surge ante la ausencia de una medida cautelar clara en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Baja California Sur, que permita separar de manera inmediata a trabajadores educativos cuando existe una denuncia penal, carpeta de investigación, reporte policial o noticia criminal por hechos que puedan poner en riesgo a menores de edad.
Actualmente, las autoridades educativas recurren a procedimientos administrativos internos que retrasan la denuncia penal y pueden generar revictimización, encubrimiento o interferencia en las investigaciones, lo que contraviene el interés superior de la niñez establecido en el Artículo 4º constitucional.
Suspensión sin afectar derechos laborales
La iniciativa plantea adicionar el Artículo 46 Bis, el cual establece que la suspensión preventiva:
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- Será inmediata y obligatoria cuando exista una investigación penal.
- No constituye una sanción, ni prejuzga culpabilidad.
- No afecta el salario ni los derechos laborales del trabajador.
- Prohíbe cualquier contacto directo o indirecto con niñas, niños y adolescentes durante el proceso.
- Se mantendrá vigente hasta que la autoridad penal determine la situación jurídica del investigado.
Además, se establece responsabilidad administrativa y penal para las autoridades educativas que omitan ordenar la suspensión.
Foto: Congreso Ahora.
Obligación de denunciar y sanción por omisión
Otro eje central de la propuesta es la creación de un Artículo adicional que obliga a denunciar de manera inmediata ante el Ministerio Público cualquier hecho que pueda constituir un delito contra menores, prohibiendo expresamente sustituir la denuncia penal por “arreglos internos”, mediaciones o conciliaciones administrativas.
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La omisión o retraso en la denuncia sería considerada una falta administrativa grave, sin perjuicio de las responsabilidades penales que correspondan.
Foto: Rocío Casas.
Impacto social y jurídico
El proyecto destaca que la reforma permitirá:
- Protección inmediata de niñas, niños y adolescentes.
- Prevención de la revictimización.
- Certeza jurídica para docentes inocentes.
- Eliminación de prácticas de encubrimiento institucional.
- Armonización de la legislación estatal con leyes federales y el marco constitucional.
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La iniciativa fue elaborada por el grupo de orientación jurídica y amigos afines, y plantea que Baja California Sur se coloque como un Estado referente en la protección de la niñez dentro del ámbito educativo.
El proyecto será analizado en comisiones para su discusión y eventual dictaminación en el Pleno del Congreso del Estado.
Cabe destacar que durante el mes de marzo vincularon a proceso a un docente por acoso sexual.
