Entre los nombres exhibidos figuran alcaldes, diputadas y la gobernadora de Baja California, cuyos casos van desde cancelaciones de visa hasta investigaciones y procesos de aclaración ante autoridades de Estados Unidos.
La colocación de un tendedero con carteles de funcionarios señalados como “sin visa” en el cerco fronterizo de Mexicali generó debate en redes sociales la tarde del 4 de marzo.
Las imágenes difundidas muestran una cuerda instalada sobre el muro fronterizo entre México y Estados Unidos con 12 carteles que incluyen fotografías, nombres y cargos de funcionarios y políticos, varios de ellos de Baja California.
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Entre los carteles colocados en el cerco fronterizo aparecen al menos seis figuras políticas vinculadas a Baja California, algunas de ellas con cargos públicos actuales.
Una de ellas es Norma Alicia Bustamante Martínez, alcaldesa de Mexicali desde 2021 y militante de Morena. De acuerdo con un reportaje publicado por el Semanario ZETA, el Departamento de Estado de Estados Unidos ordenó la revocación de la visa de la presidenta municipal y de su esposo, el médico Luis Samuel Guerrero Delgado.
El caso se hizo visible el 8 de agosto de 2025, cuando Guerrero Delgado fue retenido en la garita internacional Mexicali-Calexico y enviado a segunda revisión por agentes de la CBP, donde se le notificó formalmente que su visa de turista había sido cancelada y tuvo que entregarla antes de ser retornado a México.
Según la investigación, la revocación también fue extendida a Bustamante, aunque el documento aún no le había sido retirado físicamente porque no había intentado cruzar hacia Estados Unidos, ya que este procedimiento se concreta cuando el portador se presenta en la frontera.
Las autoridades estadounidenses no informaron públicamente los motivos de la revocación, y que este tipo de medidas suelen ser administrativas y no necesariamente implican cargos criminales.
Norma Alicia Bustamante, alcaldesa de Mexicali, a quien autoridades de Estados Unidos revocaron la visa en 2025; la funcionaria aseguró que no recibió detalles sobre las razones de la decisión. Foto: Norma Bustamante / Facebook | Mejorada con IA
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José Luis Dagnino López, alcalde de San Felipe, Baja California, también aparece en los carteles colocados en el cerco fronterizo. La noche del martes 2 de diciembre de 2025 Estados Unidos revocó su visa de turista luego de una revisión cuando intentaba cruzar hacia Calexico, California.
El propio edil informó que fue notificado por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) aproximadamente una hora después de haber comparecido ante el Congreso de Baja California para presentar la Ley de Ingresos de San Felipe para 2026.
Según explicó el alcalde en un mensaje difundido en redes sociales, durante el trámite para solicitar un permiso de ingreso a Estados Unidos los agentes le notificaron que su visa había sido cancelada.
Tras recibir la notificación, Dagnino optó por regresar a territorio mexicano y señaló públicamente que hasta ahora no ha recibido información oficial que precise el motivo específico de la decisión, aunque aseguró que continuará desempeñando sus funciones como presidente municipal y que la situación no interfiere con su trabajo al frente del Ayuntamiento de San Felipe.
Alcalde de San Felipe, José Luis Dagnino López, cuya visa fue revocada por autoridades estadounidenses el 2 de diciembre de 2025 cuando intentaba cruzar hacia Calexico. Foto: Ayuntamiento de San Felipe / Facebook
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Carlos Torres Torres, excoordinador de proyectos estratégicos en Baja California y exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, también aparece en los carteles del tendedero.
En mayo de 2025, el gobierno de Estados Unidos les negó la visa a ambos, sin detallar públicamente las razones, aunque el caso generó controversia política en el estado.
Posteriormente, el nombre de Torres volvió al centro de la discusión pública cuando se reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) mantenía una investigación en su contra por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y posibles vínculos con el crimen organizado, señalando incluso pagos mensuales atribuidos a un grupo ligado al Cártel de Sinaloa, según una carpeta de investigación difundida en medios.
El 21 de enero de 2026, la propia gobernadora confirmó que la indagatoria federal existía y que tenía conocimiento de la denuncia. Torres, por su parte, emitió un posicionamiento público en el que aseguró estar dispuesto a “esclarecer calumnias anónimas”.
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Hilda Araceli Brown Figueredo, diputada federal de Morena por Baja California y exalcaldesa de Playas de Rosarito, también aparece en los carteles del tendedero.
En septiembre de 2025, autoridades de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, la vincularon públicamente con “La Mayiza”, una facción del Cártel de Sinaloa, señalando que durante su gestión municipal presuntamente intermediarios ligados al grupo criminal habrían recaudado pagos de extorsión y facilitado operaciones de la organización criminal en la región.
Tras estos señalamientos, Brown informó que decidió devolver su visa estadounidense por mensajería en diciembre de 2025, asegurando que no tenía intención de enfrentar problemas migratorios. En declaraciones a medios, la legisladora rechazó los vínculos con el crimen organizado y sostuvo que está dispuesta a ser investigada, afirmando que “el que nada debe, nada teme”.
Hilda Araceli Brown Figueredo, diputada federal de Morena, vinculada por autoridades estadounidenses con la facción “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa; la legisladora devolvió su visa y negó los señalamientos.
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Alejandra María Ang Hernández, diputada local de Morena en Baja California, también aparece en el tendedero; el 12 de febrero de 2026, la legisladora declaró públicamente que no ha sido notificada oficialmente por autoridades de Estados Unidos sobre la cancelación de su visa ni sobre alguna restricción para ingresar al país.
Ang explicó que el señalamiento surgió después de un incidente ocurrido durante un intento de cruce fronterizo, en el que autoridades estadounidenses le aseguraron 800 mil pesos en efectivo, lo que derivó en un proceso administrativo de aclaración.
Según El País, el dinero fue encontrado en la parte trasera y delantera del vehículo por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE UU (CBP).
La diputada sostuvo que el dinero estaba destinado a la compra de un vehículo y hasta ahora no ha recibido notificación oficial sobre la cancelación de su visa, pero que permanece a la espera de una resolución por parte de las autoridades estadounidenses.
Alejandra María Ang Hernández, diputada local de Morena, quien enfrenta un proceso de aclaración con autoridades estadounidenses tras un incidente en el cruce fronterizo donde le fueron asegurados 800 mil pesos en efectivo.
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Las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales muestran un tendedero con 12 carteles sujetos con pinzas a una cuerda instalada en el cerco fronterizo de Mexicali, en un punto cercano al cruce de las calles Justo Sierra y Cristóbal Colón.
Hasta ahora no se sabe quién colocó los carteles ni si fueron retirados.
Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde usuarios comenzaron a debatir sobre el contenido de los carteles y los nombres incluidos.
Carteles con fotografías de políticos de Baja California colgados en el llamado “tendedero sin visa”, instalado en Mexicali en medio de la polémica por cancelaciones o revisiones de visas de funcionarios mexicanos. Foto: Laura Tejeda - Noticias / Facebook | Mejorada con IA
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Además de funcionarios de Baja California, el tendedero incluye otros nombres de figuras políticas de distintos cargos y estados del país.
Entre ellos aparecen diputados federales y autoridades municipales, cuyos nombres también fueron colocados en carteles similares a lo largo del cerco fronterizo, entre ellos César Iván Sandoval Gámez, alcalde de San Luis Río Colorado, Sonora y Óscar Eduardo Castro Castro, alcalde de Puerto Peñasco, Sonora.
Sin embargo, en la discusión pública el foco principal ha estado en las figuras políticas vinculadas a Baja California, debido a que varias de ellas ocupan cargos relevantes dentro del gobierno estatal o municipal.
