Recursos vinculados al NVI de Baja California Sur habrían sido utilizados con fines político-electorales.
En el Instituto de Vivienda (INVI) de Baja California Sur se detectaron irregularidades financieras por más de 50 millones de pesos, que derivaron en una investigación penal por presuntos actos de corrupción.
Como parte de estas indagatorias, fue detenido Javier Ramírez Manjarrez, exjefe de Contabilidad del Instituto, señalado por su probable responsabilidad en el manejo indebido de recursos públicos.
El padre del imputado señaló públicamente una “justicia selectiva” al asegurar que existen más personas involucradas en el presunto desvío de recursos, incluyendo, según sus declaraciones, funcionarios que habrían participado en la canalización de fondos para apoyar la campaña de Adán Augusto López Hernández.
De acuerdo con un reportaje de N+ Focus, entre 2022 y 2023 el gobierno de Baja California Sur, a través del INVI, habría financiado con al menos 10 millones de pesos la campaña de Adán Augusto López Hernández durante la elección interna de Morena.
La investigación, realizada por Alejandro Melgoza, Paul Ramírez y Williams Castañeda, se basa en la testimonial del ex tesorero del INVI, quien acusa la existencia de una red de operadores.
El reportaje contextualiza que el 5 de noviembre de 2022, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío hizo público su respaldo a López Hernández.
Después de ese espaldarazo, según la investigación, habría iniciado una presunta operación al interior del INVI durante la administración de Fernanda Villarreal, sustentada en la testimonial del extesorero y en documentos en poder de N+ Focus.
El testimonio mencionando, que aún no forma parte de la carpeta de investigación, describe una presunta red de corrupción integrada, entre otros, por el entonces secretario de Gobierno y hoy senador Homero Davis Castro; la extitular del INVI Fernanda Villarreal; el exdirector de Finanzas Juan Manuel Reyes y varios operadores.
Según esa versión, en noviembre de 2022 se habrían realizado las primeras solicitudes de dinero; posteriormente, entre febrero y junio de 2023, se reportan entregas escalonadas que, en conjunto, sumarían los 10 millones de pesos señalados.
El padre del extesorero denunció públicamente “justicia selectiva”, ya que, asegura que su hijo no actuó solo y que existen más involucrados que no han sido procesados.
“En mayo del 2024 le entregó una testimonial al fiscal, mi hijo hizo una testimonial... Yo no estoy pidiendo que mi hijo salga libre ni mucho menos. Yo sé que es culpable y pues merece castigo, pero él no fue solo”, comento para N+ Focus
En este sentido se expone una presunta red de corrupción, que involucra al senador Homero Davis Castro, la ex titular del Instituto, Fernanda Villarreal, ex director de Finanzas, Juan Manuel Reyes, así como al menos otros seis operadores más.
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El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío afirmó que su administración respetará el debido proceso y el curso legal en el caso que enfrenta la exdirectora del INVI.
Asimismo, reiteró su respaldo personal hacia la exservidora pública y señaló que, hasta ese momento, el Gobierno del Estado no había sido notificado oficialmente sobre el proceso judicial.
Castro Cosío aclaró que el hecho de que una persona enfrente un procedimiento legal no implica culpabilidad, y subrayó la importancia de mantener la presunción de inocencia durante todo el desarrollo del proceso.
“Respeto el proceso, pero eso no implica culpabilidad”, expresó el mandatario estatal.
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De acuerdo con la testimonial del extesorero del Instituto de Vivienda de Baja California Sur (INVI), citada en el reportaje de N+ Focus, la red operaba mediante un esquema de simulación y triangulación de recursos públicos.
Según esa versión, el mecanismo iniciaba con traspasos internos entre cuentas del propio Instituto, simulando movimientos administrativos ordinarios.
Posteriormente, el dinero era transferido a cuentas de particulares que, de acuerdo con la investigación, no tenían relación formal con el INVI. Estas transferencias formaban parte de miles de operaciones bancarias bajo análisis por parte de la Fiscalía Anticorrupción.
Foto: INVI BCS.
Ese mismo mes, según el testimonio, se habría realizado la primera solicitud de recursos: presuntamente un millón de pesos atribuido al entonces secretario de Gobierno y hoy senador Homero Davis Castro.
En ese mismo periodo, la entonces directora del INVI, Fernanda Villarreal, habría solicitado dos millones de pesos adicionales, previo a una reunión en Ciudad de México.
Se habría solicitado un millón y medio de pesos, como parte del llamado “apoyo total”.
De acuerdo con la testimonial, se pidieron dos millones de pesos más.
Fernanda Villareal, exdirectora del Invi. Foto: Vértigos.
Se habría gestionado un millón de pesos adicional.
La cantidad señalada asciende a un millón y medio de pesos.
Se reporta otra solicitud por un millón de pesos.
Parte de las entregas, de acuerdo con la investigación periodística, se habrían realizado en un establecimiento identificado como el car wash “Los Abuelos”.
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El titular de la Fiscalía Estatal Anticorrupción, Lenin Ortiz Amao aseguró que en la carpeta de investigación sobre el caso de Fernanda Villarreal no existe ningún dato que vincule los recursos del Instituto de Vivienda con la precampaña política de Adán Augusto López.
Señaló que, “dentro de la carpeta de investigación no hay un dato que establezca ninguna relación con este personal”, refiriéndose a cualquier vínculo entre los fondos investigados y actividades políticas externas.
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Además enfatizó que la labor de la Fiscalía se basa estrictamente en evidencia verificable, y no en presunciones o comentarios públicos. “En un caso específico, el sistema requiere datos, indicios razonables, que se constituyan en pruebas. Tenemos que llevar ante un juez información corroborada, más allá de toda duda razonable de que ocurrió un hecho”.
El fiscal anticorrupción aseguró que hasta ahora no se han encontrado elementos que apunten a un desvío de los 55 millones de pesos del INVI hacia actividades de precampaña de ningún político, y reiteró que todas las acciones de la Fiscalía se califican por los resultados de los tribunales, no por opiniones públicas.
