94 viviendas fueron devueltas a sus propietarios legítimos y 9 personas han sido detenidas por el delito de despojo.
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que como resultado de las acciones implementadas por el Gabinete Contra el Despojo, de abril a diciembre de 2025 se atendieron 4 mil 71 denuncias relacionadas con este delito.
Durante ese periodo, se iniciaron 399 expedientes formales y se realizaron 290 operaciones en distintos inmuebles de la capital.
Autoridades capitalinas refuerzan acciones legales, operativos, así como reformas al Código Penal para atender estos hechos.
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Como parte de estas intervenciones, se logró la restitución de 94 predios a sus legítimos propietarios, el aseguramiento de 10 inmuebles más y la detención de nueve personas presuntamente relacionadas con este ilícito.
Brugada Molina reconoció que el despojo es uno de los delitos que causa mayor daño al patrimonio, por lo que se creó un gabinete interinstitucional para atender y dar seguimiento puntual a los casos, diferenciando aquellos que sí constituyen despojo de otras problemáticas legales.
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El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local, Alberto Martínez Urincho, explicó que el despojo no solo implica el arrebato ilegal de un bien inmueble, sino que también provoca afectaciones emocionales, sociales y económicas en las víctimas.
En este contexto, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, subrayó que ya se trabaja en el fortalecimiento de las estrategias para 2026, con el objetivo de mejorar resultados y prevenir nuevos casos.
Cravioto Romero informó que se han realizado reuniones interinstitucionales y que continuarán los encuentros para afinar el programa y garantizar la protección del patrimonio de las y los capitalinos.
Como parte de las medidas estructurales, el Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas para incrementar las penas por el delito de despojo, las cuales pueden alcanzar hasta 11 años de prisión, especialmente cuando se cometen fraudes procesales mediante la suplantación de identidad o cuando están involucrados servidores públicos o sus familiares.
Sin embargo, la pena mayor es de máximo 22 años para aquellos que realicen este delito contra adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, o integrantes de comunidades indígenas.
Para presentar denuncias, recibir asesoría o dar seguimiento a la recuperación de inmuebles, la ciudadanía puede comunicarse a la línea telefónica 55 5345 8120 o acudir los martes a las mesas de atención del programa Zócalo de Gobierno Ciudadano, instaladas en la Plaza de la Constitución.
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