El Gobierno capitalino implementará un sistema preventivo para detectar construcciones ilegales, evitar fraudes, frenar al llamado Cártel Inmobiliario y la llamada corrupción inmobiliaria.
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, ha puesto la lupa sobre el desarrollo urbano de la capital.
Con el objetivo de erradicar las construcciones fuera de la norma y las prácticas fraudulentas, la mandataria anunció el lanzamiento de un programa integral de combate a la corrupción inmobiliaria, diseñado para ofrecer transparencia total y seguridad jurídica a los habitantes de la ciudad.
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El núcleo de este programa es la prevención y la transparencia inmediata. A diferencia de administraciones pasadas, donde las irregularidades salían a la luz tras siniestros o tragedias, el plan de Brugada busca que cualquier ciudadano pueda verificar en tiempo real si una obra cumple con la ley.
La mandataria subrayó que se realizará una revisión exhaustiva tanto de lo que ya está construido como de las obras recientes. El objetivo es cerrar cualquier espacio a la discrecionalidad y evitar la repetición de esquemas donde se autorizaban pisos excedentes, una práctica característica del denominado "Cártel Inmobiliario".
Este esfuerzo administrativo implica un despliegue de supervisión técnica sin precedentes, diseñado para que el gobierno detecte señales de alerta de forma proactiva.
Al empoderar a la ciudadanía con información clara, se busca que la propia población se convierta en vigilante del entorno urbano, eliminando el velo de secrecía que históricamente ha rodeado a las grandes obras.
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Uno de los puntos críticos abordados por el gobierno es la certeza jurídica. Pablo Enrique Yanes Rizo, titular de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (METRÓPOLIS), destacó que el fraude inmobiliario ya es considerado un delito grave en la ciudad.
El programa busca garantizar que:
La importancia de este blindaje radica en que la vivienda representa, para la mayoría de las familias, el ahorro de toda una vida.
Por ello, la administración se enfoca en que el cumplimiento de la ley no sea opcional para las desarrolladoras, fortaleciendo así la confianza en las instituciones encargadas de regular el suelo y evitando que los compradores queden en la indefensión ante contratos engañosos.
Para la administración actual, no basta con sancionar o reparar el daño una vez cometido el ilícito; es necesario un cambio estructural.
Yanes Rizo enfatizó que estas medidas también protegen a los desarrolladores honestos, quienes enfrentan una competencia desleal frente a quienes violan la normativa urbana.
Fachada de vivienda en la CDMXX. Foto: Canva
Al establecer un mecanismo permanente de vigilancia, la CDMX busca transitar hacia una convivencia urbana más justa y ordenada, donde la ley sea el único parámetro para el crecimiento de la metrópoli, eliminando el riesgo de esperar a un desastre para detectar las anomalías.
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