El Congreso capitalino aprobó un dictamen para una Reforma en el Código Penal y Civil que busca endurecer las sanciones por el delito de despojo.
El Congreso de la Ciudad de México avanza en el fortalecimiento de la justicia patrimonial. Este martes, las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra aprobaron un dictamen que endurecerá las sanciones por el delito de despojo.
Estas penas podrían alcanzar hasta 11 años de prisión.
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La reforma fue impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Marina Brugada Molina, y el diputado Diego Orlando Garrido López.
En ella se proponen modificaciones al Código Penal, al Código Civil, a la Ley Registral y a la Ley del Notariado de la Ciudad de México, con el propósito de prevenir y sancionar prácticas que vulneren la propiedad y la posesión legítima de inmuebles.
El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Alberto Martínez Urincho, explicó que el despojo implica arrebatar ilegalmente un bien inmueble, lo que afecta no solo el patrimonio, sino también la estabilidad emocional y social de las víctimas.
Imagen de manos colocando un sello | Canva
Las reformas incluyen nuevas agravantes que contemplan castigos por el uso de documentos falsos, abuso de autoridad o negligencia profesional, ya que muchos de estos delitos son perpetrados por redes delictivas organizadas, "muchas veces coludidas con autoridades, notarios o servidores públicos", comenta el Congreso de la Ciudad de México.
Asimismo, se adiciona el artículo 238 bis, que sanciona a quienes, pese a haber sido requeridos por la autoridad, mantengan la ocupación de un inmueble ajeno o impidan su disfrute material. Este delito se mantiene vigente.
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El dictamen fue aprobado por unanimidad en comisiones. El documento será turnado al Pleno del Congreso local para su discusión y votación definitiva en los próximos días.
Con esta reforma, la Ciudad de México busca cerrar el paso al despojo patrimonial, garantizar que las y los ciudadanos cuenten con mayor seguridad jurídica ante prácticas ilegales que afectan su patrimonio inmobiliario.
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