El Tribunal señaló constitucional el decreto del gobierno capitalino, el mismo que establece límites estrictos en ajustes financieros.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional el límite al incremento anual de las rentas en la Ciudad de México, al avalar la reforma al artículo 2248-D del Código Civil capitalino. Con esta resolución, los aumentos en contratos de arrendamiento para casa-habitación no podrán superar la inflación registrada el año previo.
La decisión del máximo tribunal representa un freno legal a incrementos que rebasen el índice inflacionario y busca garantizar mayor equilibrio entre propietarios e inquilinos en un contexto de encarecimiento sostenido de la vivienda.
El criterio establece que el ajuste anual de la renta deberá apegarse al porcentaje de inflación oficial. Por ejemplo, si un departamento tiene una renta mensual de 12 mil pesos y la inflación anual es de 5%, el nuevo monto no podrá exceder los 12 mil 600 pesos.
Un incremento a 13 mil pesos (equivalente a 8.3%) sería ilegal por superar el parámetro permitido.
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Durante la discusión, las ministras y ministros señalaron que la medida contribuye a proteger el derecho humano a la vivienda, reconocido en la Constitución, frente a aumentos desproporcionados que pueden generar desplazamiento y procesos de gentrificación.
El Pleno resolvió por unanimidad negar el amparo promovido por Urbanhub México, empresa que impugnó la reforma bajo el argumento de que vulneraba la libertad contractual, la privacidad y la igualdad. La compañía sostuvo que el tope no distingue entre zonas, tipos de vivienda o montos de renta.
Sin embargo, la Corte consideró que el límite persigue un fin constitucional válido: proteger el acceso a la vivienda y evitar incrementos abusivos.
La ministra Lenia Batres Guadarrama destacó que en los últimos 20 años el costo del suelo en la capital ha aumentado hasta 800%, lo que ha impactado directamente en los precios de arrendamiento. También señaló que la proporción de personas con vivienda propia disminuyó de 71% en el año 2000 a 50% en 2020.
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Por su parte, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz subrayó que la reforma busca evitar desplazamientos residenciales derivados de incrementos excesivos.
En el mismo sentido, la ministra Loretta Ortiz Ahlf afirmó que la norma fortalece el derecho a una vivienda digna al impedir cláusulas abusivas en contratos de arrendamiento.
La Corte dejó pendiente su decisión sobre el artículo 2248-F, que prevé la creación de un registro digital de contratos de arrendamiento administrado por el gobierno capitalino.
El ministro Arístides Rodrigo Guerrero García expresó preocupaciones sobre la protección de datos personales, al advertir que el padrón incluiría información sensible de propietarios e inmuebles.
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