A cuatro meses de su vigencia, siguen las quejas por el incumplimiento de esta.
A poco más de cuatro meses de la entrada en vigor de la Ley Silla, que obliga a las empresas a proporcionar asientos a sus empleados para prevenir el deterioro físico por largas jornadas de pie, trabajadores de comercios en la Ciudad de México han comenzado a denunciar su incumplimiento.
La Ley Silla, una reforma a la Ley Federal del Trabajo publicada en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2024 y vigente desde el pasado 17 de junio de 2025, establece la obligación de los patrones de garantizar el derecho al descanso y el uso de sillas o asientos con respaldo para el personal, especialmente en los sectores de servicios y comercio.
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Uno de los señalamientos más directos proviene de un usuario de Instagram, identificado como Wuaflinn, quien labora en la tienda departamental Liverpool Insurgentes. A través de un video, el joven acusó a la tienda de no acatar completamente la nueva legislación.
Y así, como si estuviera traficando drogas, tengo que meter mi propia silla al trabajo, porque en mi experiencia, Liverpool Insurgentes no le da silla a sus trabajadores ya estando vigente la Ley Silla.
Wuaflinn -
El trabajador reprochó que la tienda continúe forzando a los empleados a permanecer de pie durante jornadas de ocho o nueve horas, destacando el grave daño físico que esto ocasiona, principalmente en las rodillas: "¿Será que seguimos en un sistema de castas en pleno 2025 que yo creía ya extinto?", cuestionó.
Wuaflinn reconoció que, si bien se han colocado algunos bancos personales en ciertas secciones, como junto a las cajas de cobro, los trabajadores no los utilizan. Según su testimonio, esto se debe al "temor a las represalias" por parte de los supervisores o inspectores.
La mayoría solo sirven para cubrirse legalmente de que sí se está cumpliendo con la Ley Silla, pero en la práctica solo están sirviendo para los clientes.
Wuaflinn -
La Ley Silla, que modificó varios artículos de la Ley Federal del Trabajo, prohíbe exigir a las personas trabajadoras permanecer de pie durante toda la jornada y les reconoce el derecho a sentarse de manera periódica. La reforma exigía a los empleadores adecuar su normativa interna en 180 días, plazo que ya ha vencido.
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Las denuncias como las de Wuaflinn ponen en evidencia que, a pesar del marco legal vigente, la resistencia de algunos comercios a garantizar el derecho al descanso y a un trato digno podría requerir una mayor fiscalización por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
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