Tras el caso Rocky en Saltillo, te contamos qué sanciones marca la ley de Coahuila para quienes maltratan animales
El caso de "Rocky", el perro de raza Gran Pirineo que fue arrastrado y posteriormente atropellado por una camioneta en el fraccionamiento Villas de San Miguel, al norte de Saltillo, dio un giro este miércoles 22 de julio luego de confirmarse su muerte, lo que reabre la discusión sobre qué tan severas son las sanciones que marca la ley coahuilense para quienes cometen actos de crueldad contra los animales.
Los hechos ocurrieron el pasado 19 de julio, cuando la asociación civil Dignidad Animal A.C. difundió en redes sociales el video que muestra al animal atado con una cuerda a la parte trasera de un vehículo, mientras este avanzaba a gran velocidad por las calles del fraccionamiento.
Este miércoles, se confirmó el fallecimiento de Rocky tras días de lucha por su vida, luego de las severas lesiones que sufrió durante el arrastre, y señaló que el caso podría alcanzar ahora la pena máxima prevista en la ley.
La Fiscalía General del Estado detuvo previamente a Liliana "N" como presunta autora material del maltrato, mientras que Jorge "N" fue remitido al Ministerio Público por, presuntamente, obstaculizar la investigación y amenazar a la autoridad.
Antes de conocerse el desenlace, Rocky permanecía hospitalizado en terapia intensiva con un diagnóstico de trauma medular agudo, información que ya había sido integrada a la carpeta de investigación por el médico veterinario que lo atendía.
Vecinos y organizaciones protectoras de animales realizaron una manifestación afuera del domicilio de la señalada responsable para exigir justicia.
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El artículo 293 Bis del Código Penal del Estado de Coahuila establece las penas aplicables a quien cometa actos de maltrato o crueldad injustificados contra cualquier especie animal. Entre los puntos que contempla la ley:
Estas penas fueron endurecidas tras una reforma que llevó la sanción máxima hasta seis años de prisión, luego de que activistas solicitaran al Congreso local un endurecimiento del marco legal para que los responsables realmente enfrentaran cárcel.
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Con el fallecimiento del animal ya confirmado, el caso se ubicaría dentro del supuesto agravado que contempla el Código Penal estatal, es decir, de dos a seis años de prisión y una multa de trescientos a mil días.
Sin embargo, buena parte de los casos judicializados en Coahuila terminan en suspensión condicional del proceso, con medidas como servicio comunitario, pago de multas o reparación del daño, lo que en la práctica implica que el señalado recupera su libertad.
El desenlace final dependerá de si la Fiscalía acredita que hubo intención de causar daño o si prospera la versión de un accidente.
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De acuerdo con el atlas de maltrato animal elaborado por AnimaNaturalis, en Coahuila intervienen distintas dependencias según el tipo de caso, entre ellas:
Los municipios, que concentran buena parte de las atribuciones administrativas en la materia.
La muerte de Rocky se suma a un historial que, según cifras retomadas por medios locales, supera los 180 reportes de violencia animal documentados en la entidad desde 2020.
